Dirigentes del gremio de los profesores, padres, apoderados y hasta la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) llegaron hasta la Corte de Apelaciones para presentar recursos de protección a favor de los alumnos del establecimiento expulsados por el alcalde de Providencia y coronel (R), de quien se recordó su pasado en la DINA.
Un fuerte respaldo en el Palacio de Tribunales recibieron los 44 alumnos del Liceo José Victorino Lastarria sancionados con la expulsión del establecimiento luego de participar de la toma de éste, en el marco de las últimas movilizaciones de los secundarios que exigían al gobierno celeridad en las reformas a la educación.
La sanción a los jóvenes fue anunciada por el Alcalde de Providencia y sostenedor del establecimiento, Cristián Labbé, a comienzos de semana, pero aún no ha sido notificada a los padres y apoderados pues recién ocurriría el próximo lunes.
El primero en llegar hasta la Corte de Apelaciones de Santiago a presentar un recurso de protección fue el presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Jorge Abedrapo (PC), quien argumentó que los alumnos que desalojados y detenidos por la fuerza pública lo hicieron en representación de la comunidad escolar, luego que ésta votara favorablemente en una asamblea la aplicación de esta medida de fuerza.
“Este recursos es con orden de no innovar, eso significa que se dejen sin sanciones a los muchachos y que se regrese al imperio de la ley”, enfatizó el dirigente.
Los planteamientos de Abedrapo fueron refrendados por el vicepresidente del Centro de Alumnos del liceo, Gustavo Poblete, quien explicó que 500 de los 754 alumnos de enseñanza media se manifestaron a favor de realizar la ocupación del establecimiento.
“Del grupo (sancionado), diez son alumnos de cuarto medio, los cuales están impedidos de graduarse en su establecimiento…Siendo que estuvieron cuatro años o tal vez más, compartiendo con docentes”, se lamentó Poblete, quien calificó la medida de Labbé de “arbitraria”, “ilegal” y “dictatorial”.
Luego fue el turno de la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza, quien llegó acompañada de padres y apoderados del establecimiento para frenar la medida del alcalde.
“Lo que nos interesa a nosotros es que haya un respeto al debido proceso, que los alumnos tengan instancia de defensa y en ese sentido hoy día estamos presentando este recurso de protección para que nuestros hijos puedan seguir asistiendo a clases y se revoquen las medidas de fondo”, dijo el apoderado Carlos Arriagada.
A su turno, Arriaza aseguró que el “alcalde Labbé no tiene la facultad de tomar esta decisión y anunciarla públicamente. Tampoco hemos visto la posibilidad que haya un debido proceso, los jóvenes no han tenido la posibilidad de ser escuchados, caso a caso, y tampoco se les ha garantizado el principio básico de que puedan apelar de las medidas”, expresó.
Finalmente, llegó hasta tribunales la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la cual cuestionó la decisión de Cristián Labbé, Coronel (r) del Ejército a quien le recordaron su pasado en la dictadura militar.
“Todos tenemos que recordar que es un ex agente de la DINA y a nosotros como agrupación de derechos humanos nos compete directamente esta nueva arbitrariedad y medida prepotente que él ha adoptado en contra jóvenes, que han utilizado un derecho que también es legítimo, y que nadie puede calificar de otra forma, que es el derecho a protestar”, sostuvo la vicepresidenta de la agrupación Mireya García.
El recurso de la agrupación es a favor de todos los jóvenes secundarios afectados en la Región Metropolitana y no sólo los del Liceo Lastarria.
Según explicó, Viviana Díaz, secretaria ejecutiva del organismo, su preocupación por el tema se debe a que en el Liceo Nº1 de Niñas de Santiago, se están aplicando las mismas medidas y ahí existen alumnas que son nietas de detenidos desaparecidos.
A estos recursos, y a los presentados durante la semana, se suma este sábado otro que estará a cargo de Clínica Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
“Voy a mantener la decisión”, sentenció el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, al referirse a las sanciones que aplicará el Liceo José Victorino Lastarria a los alumnos que fueron desalojados del establecimiento.
(Foto facilitada por Comision FUNA)
LA PRUEBA CONTRA LABBÉ
Aunque el alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé Galilea, amenazó al intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, con una querella por injurias y calumnias porque la autoridad regional lo acusó de haber sido agente de la DINA y de haber sido parte de una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad, en la práctica el escrito aún no arriba a los tribunales.
La Nación. cl entrega a continuación el documento que da prueba de que el coronel (R) Labbé sí fue un agente de la DINA: un escrito firmado por el propio jefe de ese organismo, el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, donde pide a la Cancillería un pasaporte para Labbé como agente DINA.
Pero la historia de Labbé en la DINA no fue sólo esa misteriosa “comisión de servicio” a la que Contreras lo envió en 1974 junto a otros tres individuos. Más aún, Labbé fue de la elite de la DINA como instructor de los agentes que iban siendo seleccionados ya desde fines de 1973, en Rocas de Santo Domingo en la Quinta Región.
Allí se comenzaron a impartir las primeras instrucciones para violar los derechos humanos y la comisión de los múltiples delitos por parte de jefes y subordinados. El nombre de Labbé como instructor DINA en Rocas de Santo Domingo fue entregado a algunos jueces que instruyen causas de derechos humanos por algunos ex agentes, como fue el caso de Samuel Fuenzalida Devia, declaración de la cual nuestro diario tiene copia. 12 de Octubre 2004 La Nación
