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La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Donato López Almarza por el homicidio del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Puente Bulnes de Santiago. En fallo dividido los magistrados Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Domingo Hernández sentenciaron a tres años y un día a López Almarza concediendo el beneficio de la libertad vigilada al condenado. La sentencia aplica la media prescripción, previsto en el artículo 103 del Código Penal para rebajar la condena de segunda instancia que había sentenciado a López Almarza a 5 años y un día de presidio, sin ningún tipo de beneficios. El ministro Ballesteros era partidario de aplicar la prescripción a favor del condenado.
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Las cinco divisiones mineras de Codelco decidieron interponer recursos de amparo preventivos con fin de resguardar la seguridad de trabajadores propios y de empresas contratistas, además de cautelar sus instalaciones y el libre acceso a las distintas faenas mineras. A medio día de hoy, los representantes jurídicos de las divisiones Salvador, Andina y Ventanas interpusieron los mencionados recursos legales antes la Cortes de Apelaciones de Copiapó y Valparaíso, respectivamente. Mañana harán lo mismo las divisiones Codelco Norte en Antofagasta y El Teniente en Rancagua. El recurso de amparo preventivo tiene por objeto asegurar el libre tránsito desde y hacia las áreas industriales de Codelco, así como velar por la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones mineras. “La medida busca resguardar los derechos constitucionales que se han visto amenazados públicamente por las declaraciones del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas”, explicó Manuel Opazo, consejero jurídico de División Andina.
En efecto, el dirigente de la CTC ha reiterado en distintas declaraciones públicas que realizarán acciones destinadas a paralizar “todas las mineras desde la primera a la sexta región”, reclamando por la supuesta no entrega de parte de la Dirección del Trabajo de los resultados de la fiscalización efectuada a la gran minería por el cumplimiento de la Ley de Subcontratación. Los recursos legales buscan asegurar los derechos de libertad personal y seguridad individual tanto de trabajadores propios y contratistas, como de cualquier persona que, con ocasión del ingreso o retiro de las instalaciones de Codelco, sufran privaciones o amenazas por parte de quienes han realizado los llamados a paralización. Los recursos plantean además que la Justicia oficie a Carabineros de Chile con el objeto de que la policía tome todas aquellas medidas necesarias para garantizar el orden público.
La mayor parte de los recursos presentados por las Divisiones de Codelco adjuntan antecedentes de los diferentes hechos de violencia y trasgresión de la legalidad vigente, experimentados durante las acciones de un pequeño grupo de trabajadores de empresas contratistas en el pasado mes de julio. Cabe recordar que en dicha ocasión se vivieron acciones de vandalismo y sabotaje, que impidieron el normal funcionamiento de la empresa minera. De acuerdo a los resultados del tercer trimestre, entregados en octubre, las movilizaciones de estos grupos de contratistas tuvieron un costo de 200 millones de dólares para Codelco y, en definitiva, para el Estado de Chile.












