Lorena Pizarro asegura que es necesario descartar la vinculación de militares en ejercicio a crímenes de lesa humanidad.
"Número dos" del Ejército reconoce haber sido agente de la CNI Brigadier (R) vinculado con caso Soria es jefe de seguridad del Parque Metropolitano Tras conocerse que el General Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reconoció haber sido un agente de la desaparecida CNI, según una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, exigió dar de baja al militar y quitarle todos sus honores.
"Cuando escucho esto no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. Estamos hablando del segundo hombre al interior del Ejército de Chile, de un criminal, de un sujeto que participa de la masacre de a lo menos 22 campesinos de Paine. Parece que eso significó nada durante estos años dentro del Ejército", manifestó Pizarro.
Según la dirigente, las instituciones del Estado relativizan la situación de que ex violadores de los derechos humanos ejerzan actualmente en el aparato público.
"Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores" ya que está vinculado a crímenes de lesa humanidad, aseguró. "Por lo tanto demandamos al Estado de Chile el término de la política de impunidad de mantener, contratar en instituciones de todos los chilenos a sujetos que estén vinculados a causas y crímenes del terrorismo de Estado".
"Lo que ocurrió es solamente la punta de un iceberg gigante y que tiene que ver con políticas que se han establecido con mucha fuerza en este gobierno. Se le vuelven a asignar cargos de control, de protección a sujetos criminales, asesinos. ¡Qué barbaridad, qué falta de ética lo que viene pasando en Chile!", reclamó.
De esa manera, Pizarro considera importante asegurarse y garantizar la no vinculación a los crímenes de lesa humanidad de los militares que actualmente están en el Ejército.
Esto, tras conocerse también que cinco ex agentes de la CNI y de la Dina dejaron de prestar servicios en la subsecretaría de Defensa y que un ex brigadier vinculado al caso Soria trabaja desde hace un mes como jefe de seguridad del Parque Metropolitano de Santiago.
Por ello, Pizarro acusa falta de voluntad política de los gobiernos anteriores "y fue parte de la política de 'en la medida de lo posible' con la que enfrentaron los casos de Derechos Humanos".