Los manifestantes pertenecen a un grupo de ex tripulantes pesqueros de Coronel y Talcahuano, que reclaman al Gobierno la aplicación de planes sociales.
La Moneda, en tanto, condenó el incidente y advirtió que actuará con severidad.
El grupo de ex trabajadores pesqueros de la Octava Región ocuparon ayer miércoles el Palacio Ariztía, la sede de la Cámara de Diputados en Santiago.
La ocupación se registró en momentos en que la diputada PPD Laura Soto se encontraba ofreciendo una conferencia de prensa, por lo que se activó un dispositivo de seguridad para resguardar a la parlamentaria.
Eduardo Gutiérrez, uno de los portavoces del Sindicato de Trabajadores Transitorios Industriales Pesqueros, aseguró que se trata de una manifestación de carácter pacífica, y aclaró que “nos quedaremos hasta que halla una solución”.
Asimismo, negó que se tratara de un “secuestro” como lo sugirió la diputada Soto. “No estamos dañando a nadie, a nadie lo han golpeado, a nadie se lo ha tratado mal”, puntualizó el dirigente.
Demandas
Los pescadores, que llegaron a Santiago el pasado 12 de noviembre, protagonizaron el pasado viernes una violenta protesta frente al Palacio de La Moneda.
Los ex tripulantes pesqueros demandan la aplicación de programas especiales prometidos por el Gobierno tras la aprobación de la Ley de Pesca, que fijó un límite máximo de captura.
La autoridad, sin embargo, asegura que el protocolo acordado en 2003 con los pesqueros se ha cumplido cabalmente, y que ha sido la nueva directiva –que asumió este año- la que ha desconocido los convenios.
El sindicato, a través de una declaración pública, acusó que el protocolo suscrito en 2003 fue “modificado a espaldas de los trabajadores pesqueros, quitando los beneficios de ayuda social”, por lo que exigieron que el daño “debe ser reparado económicamente”.
Explicó que la protesta busca que “los parlamentarios gestionen con las autoridades pertinentes, una Mesa de Diálogo, en la cual demos una solución definitiva a este tema, colocando garantes que nos aseguren que las modificaciones hechas anteriormente no ocurran sin el debido conocimiento de las partes”.
Gobierno condena incidente
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, calificó la acción como “inconveniente e injustificada”, al tiempo que recordó que se entregaron beneficios por cerca de $2,5 millones para quienes quedaron sin trabajo, además de capacitación y becas.
“Lo que ellos piden es que este beneficio, que fue por una sola vez, y así lo entendieron alrededor de mil de sus colegas, se repita por ocho años más; lo que significa no sólo cambiar un compromiso que se había tomado, sino un costo fiscal de enorme magnitud”, afirmó.
El ministro aseguró que como se trata de un conflicto con “un origen injusto”, el gobierno “va a actuar con mucha severidad haciendo valer su obligación de mantener el orden público”.
“Debemos ser claros que el gobierno tiene oídos, tiene comprensión cuando las peticiones son justas y están dentro de lo razonable. En este caso, francamente no hay razón alguna”, puntualizó.
Consultado si se tomarían acciones legales, aclaró que como el Palacio Ariztía es un recinto del Congreso, debe ser éste el que tome la decisión que estime pertinente.
Trabajadores pesqueros ocupan Palacio Ariztía en Santiago
Los manifestantes pertenecen a un grupo de ex tripulantes pesqueros de Coronel y Talcahuano, que reclaman al Gobierno la aplicación de planes sociales.
La Moneda, en tanto, condenó el incidente y advirtió que actuará con severidad.
El grupo de ex trabajadores pesqueros de la Octava Región ocuparon ayer miércoles el Palacio Ariztía, la sede de la Cámara de Diputados en Santiago.
La ocupación se registró en momentos en que la diputada PPD Laura Soto se encontraba ofreciendo una conferencia de prensa, por lo que se activó un dispositivo de seguridad para resguardar a la parlamentaria.
Eduardo Gutiérrez, uno de los portavoces del Sindicato de Trabajadores Transitorios Industriales Pesqueros, aseguró que se trata de una manifestación de carácter pacífica, y aclaró que “nos quedaremos hasta que halla una solución”.
Asimismo, negó que se tratara de un “secuestro” como lo sugirió la diputada Soto. “No estamos dañando a nadie, a nadie lo han golpeado, a nadie se lo ha tratado mal”, puntualizó el dirigente.
Demandas
Los pescadores, que llegaron a Santiago el pasado 12 de noviembre, protagonizaron el pasado viernes una violenta protesta frente al Palacio de La Moneda.
Los ex tripulantes pesqueros demandan la aplicación de programas especiales prometidos por el Gobierno tras la aprobación de la Ley de Pesca, que fijó un límite máximo de captura.
La autoridad, sin embargo, asegura que el protocolo acordado en 2003 con los pesqueros se ha cumplido cabalmente, y que ha sido la nueva directiva –que asumió este año- la que ha desconocido los convenios.
El sindicato, a través de una declaración pública, acusó que el protocolo suscrito en 2003 fue “modificado a espaldas de los trabajadores pesqueros, quitando los beneficios de ayuda social”, por lo que exigieron que el daño “debe ser reparado económicamente”.
Explicó que la protesta busca que “los parlamentarios gestionen con las autoridades pertinentes, una Mesa de Diálogo, en la cual demos una solución definitiva a este tema, colocando garantes que nos aseguren que las modificaciones hechas anteriormente no ocurran sin el debido conocimiento de las partes”.
Gobierno condena incidente
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, calificó la acción como “inconveniente e injustificada”, al tiempo que recordó que se entregaron beneficios por cerca de $2,5 millones para quienes quedaron sin trabajo, además de capacitación y becas.
“Lo que ellos piden es que este beneficio, que fue por una sola vez, y así lo entendieron alrededor de mil de sus colegas, se repita por ocho años más; lo que significa no sólo cambiar un compromiso que se había tomado, sino un costo fiscal de enorme magnitud”, afirmó.
El ministro aseguró que como se trata de un conflicto con “un origen injusto”, el gobierno “va a actuar con mucha severidad haciendo valer su obligación de mantener el orden público”.
“Debemos ser claros que el gobierno tiene oídos, tiene comprensión cuando las peticiones son justas y están dentro de lo razonable. En este caso, francamente no hay razón alguna”, puntualizó.
Consultado si se tomarían acciones legales, aclaró que como el Palacio Ariztía es un recinto del Congreso, debe ser éste el que tome la decisión que estime pertinente.