EXPEDIENTE DEL CASO ANFRUNS APARECE A 10 AÑOS DE SU EXTRAVÍO

Las dos personas que lo tenían serán interrogadas hoy por el ministro Manuel Valderrama. La Policía de Investigaciones (PDI) interrogaba intensamente anoche en Talca a dos personas a las que se les encontró el expediente original de la investigación sobre la muerte del niño Rodrigo Anfruns, extraviado hace diez años. Los detenidos Sandro Eugenio Araya y Juan Manuel Véliz serán trasladados hoy al Palacio de Tribunales, donde el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama, quien investiga la muerte del menor ocurrida en junio de 1979, les tomará declaración. Sin precisar de cuál de los detenidos se trata, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que uno de ellos es ex funcionario judicial. A cargo del caso Anfruns desde abril de 2007, el ministro Valderrama había encomendado a la PDI la ubicación del expediente original del caso, cuya desaparición en 1998 obligó a reconstruirlo con todas las dificultades que ello implica. Los detectives ubicaron el documento en Talca, en manos de Araya y Véliz, quienes fueron llevados a la Brigada de Homicidios para un primer interrogatorio. Una de las diligencias que ordenará ahora el ministro Valderrama es cotejar el contenido de ambos expedientes, para determinar si en aquel que fue reconstruido faltan piezas que sí están en el original. La muerte de Rodrigo Anfruns Papi es uno de los casos más enigmáticos de la historia policial chilena. El niño de 6 años desapareció el 3 de junio de 1979 cerca de la casa de sus abuelos, en Providencia, y fue encontrado 11 días más tarde en un sitio eriazo de la misma comuna. El ex ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez fue el primer juez del caso, y concluyó que Anfruns fue asesinado por otro menor, P.P.V., de 16 años, quien fue sobreseído al ser declarado sin discernimiento. Sin embargo, la familia Anfruns asegura que P.P.V. fue obligado a autoinculparse y que agentes del Estado estarían detrás del crimen, por lo que presentó una querella en 2005. El caso fue reabierto y asignado, sucesivamente, a la jueza Patricia González, a la Ministra Dobra Lusic y al Ministro Valderrama.