Desde el 23.02.09, 62 personas han participado en la protesta. Aparecieron fotos anónimas de las torturas a los campesinos.
La concesión del proyecto minero Río Blanco para la extracción de cobre es de 6400 hectáreas en una zona sensible desde el punto de vista ecológico. Aquí se encuentran los últimos bosques nublados de Perú, nacen varios ríos y habita una gran biodiversidad. Es también una zona eminentemente agrícola. Defensores del medio ambiente dentro y fuera del Perú están alarmados por este destructivo proyecto minero.
Las torturas de las que Vázquez Calle ex corresponsal de radio Cutivalú, fue víctima junto a un grupo de treinta campesinos de torturas, sucedieron en el año 2005, en las instalaciones de la empresa minera Majaz (actualmente el nombre de la empresa es Río Blanco) en Piura, en la frontera norte de Perú. El periodista habló de estas torturas el 13 de enero de 2009 en declaraciones al programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
Los hechos sucedieron a fines de julio de 2005 como sigue: los campesinos marcharon hasta las instalaciones de la minera para encontrarse con una comisión multisectorial de alto nivel convocada por el Ministerio de Energía y Minas. En lugar de eso, encontraron un fuerte contingente policial que los reprimió con brutalidad, lanzando bombas lacrimógenas y realizando disparos desde helicópteros. Durante la mencionada marcha, uno de los campesinos murió en circunstancias que aun no han sido debidamente investigadas. 29 personas, incluyendo dos mujeres y el periodista, fueron capturadas y conducidas al interior del campamento minero donde permanecieron secuestrados durante tres días. Allí fueron golpeados salvajemente torturados psicológica y físicamente. Durante esos días se les mantuvo encapuchados y con los ojos vendados, rociados con polvo lacrimógeno, y desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas. La empresa no cuenta con licencia social para llevar a cabo su proyecto, lo que significa que la mayoría de la población está en contra de la minería en el área. Estos testimonios son corroborados por las fotos que recientemente salieron a la luz.
"Los policías tenían la orden de torturarnos, de parte de los encargados del campamento minero […] a todos se nos despojó de nuestras prendas. Las mujeres fueron sometidas a tocamientos indebidos, evidencia el trato y la acción de la policía del destacamento de DINOES que actuó crudamente con los campesinos. Nos golpearon con vara […] estábamos encapuchados, amarrados, vendados. Dentro de estas capuchas estaba impregnado con polvo lacrimógeno, el cual hace difícil respirar y quema bala piel", refirió.
Esto es lo que se conoce como fuerzas paramilitares: matones que se presentan como "seguridad", pero que son contratados por las empresas para intimidar, amenazar y mantener callada a la población toda vez que se alzan voces en contra de los proyectos empresariales.
El ambiente de amenaza para imponer un proyecto empresarial es el pan de cada día en la zona. Vásquez declaró que "personal de seguridad de la compañía también participó activamente en las torturas, pudiendo escuchar que lo que les estaba sucediendo era 'por orden de (Andrew) Bristow', entonces gerente de Operaciones de la minera".
Autoridades y dirigentes locales de Piura, defensores de derechos humanos y medioambientales que apoyan en la defensa de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba han sido también víctimas de amenazas, seguimiento, interceptación de sus comunicaciones y denuncias infundadas.
Como ya reclaman las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales las autoridades deben dar atención al caso y la debida protección a las víctimas. La Fiscalía de la Nación, debe realizar una investigación exhaustiva y la Defensoría del Pueblo debe interceder ante los organismos competentes con el fin de proteger y velar por su integridad personal.