La comunidad de los derechos humanos debe expresar su repudio a las afirmaciones del ex presidente Patricio Aylwin Azocar en que da por condenados y purgados a los violadores de derechos humanos calificando como innecesaria la reapertura de las Comisiones Rettig y Valech.
Estas expresiones fueron recogidas, por la prensa, en el contexto de la presentación, el viernes 24 de abril de 2009, del libro "Verdades innombrables", de Prisciila Hayner.
La gravedad de estas declaraciones estriba en que eluden la responsabilidad, del Estado de Chile, en la sistemática denegación, a las víctimas, de una justicia integra y oportuna. Está pendiente la satisfacción de las legítimas pretensiones de verdad y reparación junto a la debida sanción de los culpables. Ejemplo escandaloso, "en democracia" es la falsa identificación de las personas, supuestamente, enterradas en el patio 29 del Cementerio General. Agreguemos otro. Las informaciones otorgadas por el Ejército, en las "mesas de diálogo" sobre personas lanzadas al mar y encontradas, posteriormente, en el Fuerte Arteaga, de Peldehue o en la cuesta Barriga.
Aylwin no da cuenta que esas comisiones buscaron lavar la cara de un Estado que pagaba buenos sueldos y pensiones, a verdugos entrenados, por una potencia extranjera, para torturar, detener y asesinar chilenos, por su condición política, y ocultar el destino final de los cadáveres.
No da cuenta que esas comisiones buscaron entregar mezquinas compensaciones, a los afectados, en la medida del Estado victimario, mientras muchos de los asesinos, desde el anonimato o desde las cárceles de lujo, gozan de jubilaciones o bonos adicionales "por stress de guerra".
Estamos de acuerdo en que han existido abusos. En efecto, funcionarios del gobierno militar tienen pensión de exonerados. También cobran los que participaron redactando acuerdos inconstitucionales, de la Cámara de Diputados, para legitimar el golpe de Estado y el baño de sangre.
otros abusos a mencionar .Todavía no se investigan las privatizaciones malditas, de la Dictadura, que Aylwin se comprometió a revisar. Ese robo a mano armada, de las riquezas básicas, de la salud, la previsión y las empresas públicas, entrega, hasta el presente, buenos dividendos a los nuevos señores feudales: Las transnacionales y los grupos económicos. Algunos personeros de la concertación no se quedan atrás. Exigen su parte en el botín. Dirigen las ISAPRES, las empresas de telecomunicaciones, los monopolios eléctricos, son directores en la AFP Próvida o en Aguas Andinas, contratan o asesoran a Codelco, Gendarmería, licitan defensorías, obtienen comisiones por compras de aviones de guerra, etc. Un buen ingreso acalla conciencias.
El Mercurio, promotor y cómplice en los crímenes, todavía recibe, por parte de CORFO y el BancoEstado, recursos o subsidios públicos, sin licitación, mediante publicidad directa, en páginas completas, en desmedro de otros medios. Sus páginas sociales, húmedas con sangre inocente, pagan, a los funcionarios o políticos de turno, mostrando la frivolidad, de nuestra clase dirigente y empresarial, mezclada con las correspondientes dosis de hipocresía y cinismo.
Sobre abusos podríamos llenar páginas interminables. 
Sin embargo, y desde nuestra óptica, se valoraría la reapertura de instancias investigativas en la medida que no busquen ocultar la verdad del horror y la identidad de los genocidas por 50 años como lo impone la ley que creó la comisión Valech. Que tengan plazos de funcionamiento compatibles con su finalidad. Con filtros que eviten el c1ientelismo partidario, gubernamental o parlamentario.
Como el Estado se prepara a denegar institucionalmente justicia, a las víctimas de la dictadura, c1ausurando, el año 2010, los tribunales del antiguo sistema, la reapertura de comisiones resulta imprescindible. Quedan muchas familias sin reparar.
Por otro lado quedan muchos criminales sueltos. Los reducidores del patrimonio público, los jueces asesinos de la justicia, los medios de comunicación social asesinos de la verdad y los políticos asesinos de la memoria. Esos que piden dar vuelta la página. Esos que negociaron la transición en su beneficio. Esos que transaron la sangre inocente como hace 2000 años. A cambio de 30 monedas de plata.
Sin embargo, y desde nuestra óptica, se valoraría la reapertura de instancias investigativas en la medida que no busquen ocultar la verdad del horror y la identidad de los genocidas por 50 años como lo impone la ley que creó la comisión Valech. Que tengan plazos de funcionamiento compatibles con su finalidad. Con filtros que eviten el c1ientelismo partidario, gubernamental o parlamentario.
Como el Estado se prepara a denegar institucionalmente justicia, a las víctimas de la dictadura, c1ausurando, el año 2010, los tribunales del antiguo sistema, la reapertura de comisiones resulta imprescindible. Quedan muchas familias sin reparar.
Por otro lado quedan muchos criminales sueltos. Los reducidores del patrimonio público, los jueces asesinos de la justicia, los medios de comunicación social asesinos de la verdad y los políticos asesinos de la memoria. Esos que piden dar vuelta la página. Esos que negociaron la transición en su beneficio. Esos que transaron la sangre inocente como hace 2000 años. A cambio de 30 monedas de plata. ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
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