Por Jorge Escalante / La Nación
Demandan a fiscal y Carabineros
El recurso de protección en contra del fiscal del Ministerio Público, Andrés Montes Cruz, y los funcionarios de la policía uniformada que resulten responsables, será interpuesto mañana por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial.
Un grupo de civiles, que negaron identificarse, fotografió e interrogó en el gimnasio de la Tercera Comisaría de Carabineros en calle Moneda, ex sede del PS, que fue usurpada tras el golpe militar de 1973, a cerca de 60 detenidos por las manifestaciones el pasado 1 de mayo.
Cuando abogados del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial llegaron pasado el mediodía al cuartel, alertados por familiares de los arrestados de lo que sucedía, encontraron a estos civiles a cargo de todos los procedimientos en la comisaría.
Ya dentro del gimnasio para tratar de hablar con los detenidos, una oficial en uniforme de apellido Villarroel, obligó a salir a Rubén Jerez, uno de los dos abogados que concurrieron, para que los civiles continuaran el fichaje de los presos.
JUNTO A JEREZ ESTABA EL ABOGADO HUGO GUTIÉRREZ.
Cerca de las 17 horas, los abogados junto al coordinador de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Julio Aránguiz, se entrevistaron con el comisario del cuartel, Claudio Rojas, para requerir la identidad de los civiles, conocer por qué fotografiaban ilegalmente a los detenidos, por orden de quién lo hacían, y el juez que lo ordenó.
El mayor les informó no conocer la identidad de los civiles, que el procedimiento estaba a cargo del general Raúl Arellano Delgado, y que todo se hacía por orden del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Andrés Montes Cruz.
Estos hechos, considerados delitos graves por los abogados referidos y 15 ex detenidos demandantes, forman parte de un recurso de protección en contra del fiscal Montes y de los carabineros que resulten responsables, que se interpondrá mañana en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los abogados pedirán a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se investigue la recurrente presencia de civiles no identificados realizando procedimientos ilegales al interior de cuarteles.
Según dijo a La Nación el ex preso aquel día Iván Carrasco Mora, hijo del periodista asesinado por la dictadura José Carrasco, "los civiles nunca quisieron identificarse y nos empezaron a sacar uno por uno a un lugar apartado para fotografiarnos. Esto me ha ocurrido varias veces en el último tiempo".
Cerca de las 17 horas los abogados afirman en su presentación legal que los civiles abandonaron el cuartel a bordo del furgón policial Z-3553, sin que hasta entonces pudieran identificarlos.
PRECEPTOS VIOLADOS
El recurso indica que el fiscal violó la ley porque, según Carabineros, él habría ordenado realizar el acto ilegal, además sin orden judicial, y porque ni él ni la policía informaron de las detenciones a algún defensor, como lo requiere el nuevo proceso penal y los derechos de los detenidos. 
También expresa que se transgredió el derecho a la integridad física y síquica, a la igualdad ante la ley al no requerirse la presencia de un defensor, y a la protección de la vida privada, todos establecidos en el artículo 19 de la Constitución.
La acción añade que se violó el artículo 161-A del Código Penal, que prohíbe fotografiar sin autorización del afectado "en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público", disposición por la que se condenó a periodistas que filmaron sin autorización al juez Daniel Calvo en su oficina durante el caso Spiniak.
Consultados por La Nación, el fiscal Montes y Carabineros no se refirieron al asunto.
También expresa que se transgredió el derecho a la integridad física y síquica, a la igualdad ante la ley al no requerirse la presencia de un defensor, y a la protección de la vida privada, todos establecidos en el artículo 19 de la Constitución.
La acción añade que se violó el artículo 161-A del Código Penal, que prohíbe fotografiar sin autorización del afectado "en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público", disposición por la que se condenó a periodistas que filmaron sin autorización al juez Daniel Calvo en su oficina durante el caso Spiniak.
Consultados por La Nación, el fiscal Montes y Carabineros no se refirieron al asunto.