Hoy, 26 de junio de 2009, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por Naciones Unidas en 1997, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), entrega en La Moneda el Segundo Informe de Derechos Humanos dirigido a la Presidenta Bachelet, con la profunda convicción de que la tortura es la antítesis de la civilización y que la dignidad de la persona humana debe respetarse como un fin en sí misma.
Este informe, contiene las deudas pendientes del Estado Chileno sobre la tortura ejercida durante la dictadura; deudas relacionadas con las medidas de no repetición, la educación en derechos humanos; la denegación de Justicia que guarda por 50 años los datos de los responsables de tortura, prolongando la gravedad del crimen cometido; las deudas relacionadas con la reparación integral para los sobrevivientes de tortura, la reapertura de las instancias de calificación y la generación de una institucionalidad del Estado chileno en materia de derechos humanos, acordes con los Principios de Paris, que pueda efectivamente hacerse cargo de cautelar la vigencia y promoción de los derechos humanos en el país, así como también, resguardar el efectivo cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado ante la comunidad internacional en estas materias.
Este Informe también, documenta más de 50 casos actuales de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del que han sido objeto personas pertenecientes en su mayoría a comunidades mapuches o son de ese origen o relacionadas con sus organizaciones sociales; contiene un apartado especial sobre los montajes jurídicos y policiales que afecta a personas que son mantenidas con medidas cautelares y, detalla los casos donde se ejemplifica la carencia del real derecho a defensa y el establecimiento de juicios justos, que dejan traslucir la existencia de una estrategia represiva que hoy se ejerce sobre el pueblo mapuche.
En ese sentido, el Informe que se entrega confirma la validez de varias de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU a Chile en mayo recién pasado, donde hubo un total 72 recomendaciones, que demuestran que Chile no pasó incólume la “salida al pizarrón” en el plano de los Derechos Humanos en esa instancia internacional. Nuestro país debe comprender que la comunidad internacional ha establecido un sistema de derecho multilateral, comprometiendo a las naciones suscriptoras a aplicarlo. Entre las recomendaciones el Consejo estipuló que la definición legal de la tortura que señala la legislación chilena, no se ajusta a la Convención contra la Tortura firmada por Chile. 
Además, se indica que la Constitución de nuestro país debe establecer “un sistema electoral más democrático”, que incorpore los Derechos Humanos “en su plena dimensión”, incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se exige, también, la delimitación de la competencia de la justicia militar; el término de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978; la anulación del principio de obediencia del Código Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de verdad, que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche.
Por otra parte, la ONU explicita que el Estado de Chile aún no ha ratificado la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y contra la humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. También se condenan las discriminaciones que padecen los pueblos originarios; los niños; los migrantes; las mujeres que carecen de derechos patrimoniales, sexuales, reproductivos, que sufren violencia doméstica e injusticias en los empleos y los ingresos.
Específicamente, en el Quinto Informe Periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención contra la Tortura se enfatiza la ausencia de instituciones de protección de las personas frente a las violaciones de los derechos humanos y al no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Finalmente, informamos que el Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura Internacional, está haciendo entrega de este mismo Informe en las representaciones diplomáticas chilenas de distintas capitales del mundo.
Además, se indica que la Constitución de nuestro país debe establecer “un sistema electoral más democrático”, que incorpore los Derechos Humanos “en su plena dimensión”, incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se exige, también, la delimitación de la competencia de la justicia militar; el término de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978; la anulación del principio de obediencia del Código Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de verdad, que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche.
Por otra parte, la ONU explicita que el Estado de Chile aún no ha ratificado la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y contra la humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. También se condenan las discriminaciones que padecen los pueblos originarios; los niños; los migrantes; las mujeres que carecen de derechos patrimoniales, sexuales, reproductivos, que sufren violencia doméstica e injusticias en los empleos y los ingresos.
Específicamente, en el Quinto Informe Periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención contra la Tortura se enfatiza la ausencia de instituciones de protección de las personas frente a las violaciones de los derechos humanos y al no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Finalmente, informamos que el Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura Internacional, está haciendo entrega de este mismo Informe en las representaciones diplomáticas chilenas de distintas capitales del mundo.
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago de Chile, 26 de junio de 2009.
Palacio La Moneda