Fuente: Sindicato ARI
Una insólita situación enfrenta el abogado Rodrigo Román, miembro de Defensoría Popular, encauzado por
En la ocasión, el abogado y dirigentes de agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura intentaron avanzar hacia el palacio de gobierno para rendir un homenaje frente al monumento a Salvador Allende, lo cual fue impedido violentamente por la policía antimotines. Durante los incidentes Román habría sido captado por un equipo de camarógrafos de TVN derribando una reja de contención, lo que motivó a uno de los fiscales del ministerio público a enjuiciarlo por una falta menor que normalmente no amerita realizar semejante procedimiento.
Washington Lizana, abogado defensor de Román, calificó esta acción como extraña y con motivaciones poco claras, relacionadas mas bien con cierta animadversión en contra de su defendido por su actuación en una serie de causas que el ministerio público lleva en contra de participantes en manifestaciones de descontento social.
Para otros dirigentes de derechos humanos no hay duda que se está en presencia de una acción de hostigamiento en contra del abogado Román, dilapidando tiempo y recursos del ministerio público en una acción que no tiene ningún destino.
A tal punto llega la debilidad de los argumentos de la fiscalía que determinó, de acuerdo con la defensa, postergar la vista de la causa para el 17 de noviembre dando espacio a un posible acuerdo que evite una situación bochornosa.
Miembros de Defensoría Popular y la presidenta de