Por : * José Venturelli, CECT-SE / Difunde: ((( i )))
Las declaraciones de Viera-Gallo (“El orden se va a imponer por la razón o la fuerza”) y lo que pasa en estos terribles días no pueden quedar en el silencio. Profundamente choqueado por lo que vemos, sucede y se quiere sea tomado "como normal".... y, luego, auto imponernos que debemos justificarlo porque "hay cosas que no se deben decir por conveniencia". Me niego a ello, especialmente luego de haber visto, una semana antes del terremoto, presos políticos mapuche sin juicios, acusados con montajes o con acusaciones tomadas bajo tortura. Hemos dicho que jamás aceptaremos algunas "cosas": me refiero a la muerte o la tortura en estos términos. No, en un país donde se cultiva la impunidad para los poderosos y se puede matar a un ladrón de gallinas. Los infalibles lo justifican todo y jamás reconocen sus errores.
Aquí se refleja que el gobierno sigue demostrando que no es capaz de anticipar las necesidades del pueblo, especialmente en situaciones tan dramáticas como este brutal terremoto. El que varios miembros del gobierno hayan demostrado preocupación, incluso afectuoso, queda nublado por esta actitud. Si hubiesen tomado el peso de lo que sucedía, de no pretender que no se necesitaba ayuda y hubiesen reconocido, como lo iban mostrando paso a paso los periodistas, que el pueblo estaba realmente sufriendo de hambre, de sed, de falta de luz, de protección adecuada, no habría sido necesario recurrir, en números masivos a las fuerzas militares para ir, como dice el aún Ministro Viera-Gallo, a poner orden "por la razón o la fuerza" con tanquetas que recuerdan otros tiempos. Nótese que para esas fuerzas sí se preocuparon, desde el primer momento, de alimentarlas, hidratarlas, protegerlas de la intemperie y de trasladarlos, lo que no sucedió con los damnificados, heridos y sufrientes. De haber rescindido a lo que todos veíamos en el eficiente trabajo de los medios, esto no habría sucedido. En su error y frivolidad han caído en el error permanente de poner en riesgo la vida de muchos chilenos. Preferir reprimir a prevenir. Pretenderse infalible hasta en la muerte de los desprotegidos no es aceptable. En ese momento no eran esos presos sino individuos aterrados cuyas vidas estaban en peligro y que actuaron como cualquiera lo hubiese hecho.
Militarizar y criminalizar es una tendencia perniciosa que no corresponde. Las declaraciones actuales del Ministro Viera-Gallo (de usar un lema caduco y retrógrado, de "que lo harán por la razón o la fuerza"), quien jamás ha pedido disculpas por otros muertos "en democracia" -como el caso de los comuneros mapuche- son reflejo de una muy particular y errada visión de la democracia, de la justicia y del respeto por la vida.
En un país en el que no hay pena de muerte debemos saber respetar ese principio. Cuando los presos de la cárcel de Chillán, a las 3:34 hs. del 27 de febrero vivieron lo que nadie jamás podrá olvidar, ellos "tenían que salvarse" de una muerte que para todos nos parecía inminente. Más para ellos que viven en condiciones tan dramáticas y donde no se les proveía la seguridad de sobrevivir, ellos vieron una luz de vida en el muro derrumbado por el terremoto. Era lógico, humano, legítimo y legal permitirles "salvarse" en vez de dispararles dando muerte a tres de ellos. Doscientos se fugaron y "tres fueron abatidos" -como si fuesen animales hidrófobos- según tranquila y lógicamente, sin remordimiento alguno, lo explicó el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Y no vengan a justificar esos muertos con el saqueo que se produjo por la falla de previsión en las primeras 48 horas del terremoto. Eso no lo justificaría jamás.
Todo esto sucede en un país que se permite encarcelar "preventivamente" y donde se ha demostrado que las detenciones y acusaciones en muchos casos no están basadas en evidencia -a menudo, en realidad, provienen de montajes- es una manera de mantener una pena de muerte que no podemos tolerar. 
¿Este acto de lesa autoridad, error con consecuencias irreversibles, será, como tantos otros, escondido en la impunidad acostumbrada, olvidado? Ningún preso tenía una condena de muerte pero el sistema fue demasiado rápido para ejecutarlos. Si no son capaces de proveer un lugar seguro para sus vidas no es con la muerte de dichos presos, -sometidos a la inminencia de una muerte segura-, los responsables de dichos presos no tienen derecho alguno a matarlos.
¿Tomará el Estado, el Ministerio de Justicia y el nuevo gobierno esta tarea de investigar y juzgar, importantísima para avanzar por caminos genuinamente democráticos y responsables? ¿Quedará todo en el silencio porque los muertos "bien muertos están" y son, después de todo, seres aberrantes de esta perfecta sociedad chilena? Los presidentes, saliente y entrante, tienen la responsabilidad en sus manos.
*José Venturelli, Médico
Portavoz del Secretariado Europeo de