Por Alejandro Lavquén
Tras el terremoto del 27 de febrero y el embate del Océano Pacífico, comenzó el balance de lo ocurrido. Abundan las críticas a las autoridades. Éstas se centran en el poder Ejecutivo y ponen el acento en la demora para movilizar ayuda a las zonas afectadas. También en los problemas de comunicación surgidos entre instituciones civiles y militares destinadas a prevenir y resolver emergencias. Por otro lado, está el asunto de los saqueos en varias ciudades devastadas, de lo que se deriva una situación que la prensa se ha empeñado en calificar –tendenciosamente- de terremoto moral.
El gobierno y las fuerzas armadas, en las primeras horas después del sismo, dejaron al desnudo descoordinación administrativa y graves inconvenientes de comunicación y prevención ante la catástrofe. Es cierto que nadie podía preveer lo sucedido, pero con las experiencias telúricas que hemos sufrido era de suponer que existía la tecnología y coordinación suficiente para actuar con mayor premura. En todo caso, considerando la magnitud del terremoto y el extenso territorio que abarcó, las cosas se van resolviendo, lenta e incompletamente, pero se van resolviendo. Los gritos de histeria y alarmismo de ciertas autoridades, como la alcaldesa UDI de Concepción, se han ido morigerando y ya no son elementos que, más que ayudar, sirvieron para alimentar el caos y la enajenación.
Sobre la ola de saqueos, retransmitidos una y otra vez por la televisión, es verdad que grupos de delincuentes se aprovecharon de la situación e iniciaron una escalada de robos, pero fueron los menos. En cuanto a los damnificados que, en algunas ciudades, enajenados por la desesperación y el terror, comenzaron a sustraer alimentos de los supermercados, es atribuible a la situación que se vivía. Recordemos que estas personas no tenían luz ni agua, sus casas estaban destruidas y carecían de alimentos. Además estaban incomunicados. Entonces comenzaron a buscar comida en los supermercados y almacenes, desembocando todo en una situación incontrolable. Ante el caos, el gobierno decidió sacar a los militares a la calle, lo que provocó incluso aplausos. La estrategia comunicacional encabezada por la derecha y sus medios de comunicación había dado resultado y la desidia del gobierno pagaba los platos rotos. En tanto, generales y almirantes cuestionaban implícitamente al Ejecutivo por la tardanza en reaccionar. Los mismos militares que no tenían ni siquiera un waki-toki para comunicarse entre ellos. Tal vez no les alcanza, para poder comprarlos, con el 10 % del cobre que se llevan todos los años.
Acerca de lo ocurrido, Carlos Larraín, presidente de RN, el partido de Sebastián Piñera, ha dicho que la causa de los saqueos se encuentra en “el fracaso rotundo de la fórmula liberal socialista”, afirmación que en el fondo pretende develar un relativismo moral inculcado a la sociedad por los gobiernos de
El terremoto moral comenzó en Chile el 11 de septiembre de 1973. Desde ese momento se dio inicio a un proceso que destruyó la educación pública y despolitizó a las masas. Un pueblo educado, principalmente en materias cívicas, de derechos humanos y sociales, con una intensa politización, habría reaccionado de mejor manera ante la adversidad que vivimos. La conciencia política conlleva mayor organización y comunicación. Si hubiesen existido, por ejemplo, juntas de vecinos y sindicatos poderosos, ligados fuertemente con la gente de cada comunidad, la capacidad de reacción habría sido distinta. La fragmentación social, el individualismo y el egoísmo fueron impuestos por la derecha pinochetista y el modelo económico neoliberal. Y ante las catástrofes, se manifiestan en todo su esplendor, aunque posteriormente surja la solidaridad, la que es, por lo menos, una esperanza. La que no tiene esperanza es
* Ver el libro de María Olivia Monckeberg:. El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno (Ediciones B).