Ochenta votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, aprobaron la iniciativa legal que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y refuerza las sanciones en delitos contra miembros de las policías.
Parte de la iniciativa, originada en la propuesta que presentó el actual Gobierno para sustraer a los civiles de la justicia militar, en el marco de las demandas de los comuneros mapuche en huelga de hambre, ya fue tramitado en lo relativo a la delimitación de la competencia castrense -documento ya despachado por el Congreso Nacional y pronto a promulgarse.
La necesidad de la reserva de información en casos de delitos militares cometidos por civiles y tratados por la justicia penal ordinaria, fue justificada en cuanto significaría ventilar materias que podrían afectar la seguridad nacional.
Así, el proyecto regula el requerimiento de información de antecedentes secretos o reservados; el registro especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y conservación de especies de igual naturaleza; la entrada y registro en recintos militares en que existan antecedentes reservados; la incautación de objetos, documentos y correspondencia; la restricción de la publicidad de la audiencia en el juicio oral, y la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, todo ello con el debido control judicial.
Por otra parte, deroga el delito de “desacato” en el Código de Justicia Militar, siguiendo la tendencia de suprimir el delito de ofensas a la autoridad por contravenir el derecho a la libertad de expresión. No obstante, se mantienen figuras calificadas de amenazas en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El proyecto consagra además un Estatuto de Protección de las Policías, que crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos.
Según informa del sitio Web de
Parlamentarios opositores, en cambio, expresaron “algunas dudas” sobre la materia opinando que “no es necesario un reforzamiento de la protección legal a los efectivos policiales porque ello inhibiría la libertad de las personas para manifestarse y movilizarse sin exponerse a ser reprimidas”. Celebraron, además, “el traspaso de causas de la jurisdicción militar a la civil y destacaron las ventajas de mayores garantías y transparencia que ello conllevará”, según consigna el mismo sitio.