A más de dos meses de finalizada la huelga de hambre aún no se resuelve la principal demanda de los comuneros, los que siguen siendo recluidos y juzgados bajo
Descontento existe entre los comuneros a meses de finalizada la huelga de hambre de los presos políticos mapuche por la falta de cumplimento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
Los voceros reconocieron que, si bien se cumplió con la promesa de retirar las querellas por Ley Antiterrorista dentro de los primeros cinco días, la verdadera exigencia de los comuneros, la no aplicación de esta ley en las causas mapuche, quedó sin efecto, ya que el Ministerio Público no desistió de las querellas.
“Existe tanto riesgo de ser acusado bajo
En este sentido, la portavoz de Concepción, Natividad Llanquileo añadió que la modificación de la ley fue parte de un subterfugio político y advirtió que la exigencia de un trato igualitario ante la justicia chilena es sólo la arista más urgente a solucionar.
Los comuneros indicaron que existe una serie de temas a los que el Estado Chileno le ha hecho la vista gorda, como la recuperación de tierras o los derechos de autonomía y que, si no existe la voluntad de respetar los acuerdos, se rearmará el movimiento. Escuchemos las palabras de Natividad Llanquileo sobre este tema.
“Si no existe la voluntad política no sólo del Gobierno sino de todos los sectores, lamentablemente, las acciones van a seguir. Están hablando del reconocimiento constitucional, pero no hay confianza. Esta no es la ultima huelga que se iba a hacer, hay muchas movilizaciones más”, aseguró Llanquileo.
Este descontento ha ido en aumento, potenciado por otras situaciones como malos tratos y torturas sufridas por los menores recluidos en Chol-Chol, los que continúan en prisión preventiva gracias a las atribuciones que otorga la aplicación de
Un clima que se ha acompañado de la tensión y el nerviosismo vivido el juicio de Cañete, que contó con la presencia de 36 testigos sin rostro, situación criticada incluso por
“Son personas a las que la fiscalía les paga por prestar estas declaraciones, los testigos son policías y este es un proceso que no lo conduce el tribunal sino la fiscalía y los abogados de la forestal. La actividad del juez es pasiva y todas las objeciones que presenta la defensa son objetadas”, afirmó la presidente de la rama chilena del organismo, Graciela Álvarez.
La especialista insistió en que aquí no se puede establecer la existencia de amenaza terrorista y que, sin embargo, decenas de mapuches han sido y se encuentran actualmente encarcelados de forma injustificada. Una situación que sólo genera distancias y aumenta la desconfianza del pueblo Mapuche hacia el Estado Chileno.