Por: Arnaldo Pérez Guerra
El Cuarto Juzgado de Garantía negó la libertad a Alejandro Rodríguez Escobar, quien se encuentra recluido desde el 30 de agosto de 2010 en
El 30 de agosto de 2010 fue detenido junto al también ex preso político Patricio Gallardo Trujillo, quien se sumó a la huelga de hambre este 31 de diciembre.
El tribunal acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación y rechazó la petición de cambiar la medida cautelar. Decisión que para la abogada de Rodríguez, Alejandra Arriaza, sólo demuestra la presunción de culpabilidad con la que está actuando la justicia chilena: “Aquí claramente no está imperando el principio de inocencia del que gozaría cualquier ciudadano que es encausado, existe una presunción de culpabilidad. Es precisamente con antecedentes pasados, es decir, las condenas que registra en su extracto de filiación y antecedentes por parte de la justicia militar, las que hacen asumir la culpabilidad de Alejandro en estos hechos. Creemos que aquí hay una justicia que hace diferencias, a Alejandro se le están privando los derechos de los que gozaría cualquier ciudadano”, señaló a la prensa.
Alejandro Rodríguez inició una huelga de hambre líquida de manera indefinida, en razón a la ilegalidad de la prisión que lo afecta y a la violación a las normas del debido proceso que lo afectan, lo que constituye una violación grave y flagrante a sus derechos fundamentales. El Cuarto Juzgado de Garantía le había concedido la libertad en dos ocasiones, criticando las “pruebas” aportadas por el Ministerio Público, señalando incluso que los reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos son “completamente ilegales”. El juez Jorge Norambuena señaló que anteriores condenas sufridas en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de “mala conducta” por su Juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que no respetaron las garantías de un Estado democrático de derecho e invocó los convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile en esta materia. El magistrado estimó “insuficientes e ilegales” las pruebas que
Sus familiares presentaron el caso hace unos días ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitándole su intervención.