Tras los logros parciales conseguidos con la huelga de hambre de los presos mapuche el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá más de 50 casos en los cuales la fuerza pública vulneró los derechos de los pichikeche (o niños, en mapudungun).
“En ese momento mi hijo no alcanzó a comer cuando llegó el allanamiento. Se fue preso junto con su papá. Lo golpearon, le sacaron sangre y lo esposaron”, relató Adriana el momento en que Carabineros detuvo a M.L.C de 13 años, el 16 de octubre de 2009.
M.L.C es de origen mapuche junto a sus otros tres hermanos, que para esa fecha tenían 19 años el mayor, 11 y 8 sus hermanas. Los cuatro hermanos comparten algo más que el origen familiar: Cada uno, en alguna etapa de sus vidas han visto cómo la fuerza pública ha vulnerados sus derechos.
La familia pertenece a la Comunidad “Cacique José Guiñón” ubicada en la Comuna de Ercilla de la Región de la Araucanía. Su madre, Adriana Loncomilla es machi y su padre, José Cariqueo es longko del sector.
Adriana recuerda bien ese día porque una vez que los oficiales se fueron del lugar, la dejaron botada en el patio con sus manos amarradas a la espalda en presencia de sus dos hijos menores.
En el operativo no sólo se llevaron a José Cariqueo, sino que también detuvieron otros comuneros: Freddy Marileo y Luis Humberto Marileo. Además el padre de M.C.L expresó que desde 1994 están reivindicando la devolución de sus tierras ancestrales.
Desde el 2001, año en que Cariqueo fue acusado por el incendio al fundo Poluco Pidenco de la Forestal Mininco, éste ha estado preso y prófugo, situación que afectó a la familia, sobretodo en su hijo J.M.L, obligado a hacerse cargo del hogar. En 2006, Cariqueo fue absuelto, aunque otros permanecen condenados bajo la ley anti-terrorista.
“PORQUE ME DIO RABIA”
El 3 de diciembre, M.C.L tuvo que explicar ante la Fiscalía Militar por qué el día del allanamiento lanzó una piedra contra un auto de Carabineros. Yo la tiré porque los Carabineros no dejaban de golpear a mi papá, a mi mamá y me dio rabia”, señaló.
Su madre reconoció que su hijo arrojó una piedra, pero desmintió que el objeto haya golpeado a un auto fiscal, ya que éste “estaba sin patente”. Además destacó que procedimiento policial fue irregular porque los uniformados ingresaron sin una orden judicial para efectuar el operativo. Además denunció que le robaron dinero.
Irónicamente, ese día la comunidad José Guiñón esperaba una delegación de Derechos Humanos: La Comisión Ética contra la Tortura y el Observatorio de la Escuela de Las Américas (SOA Watch).
Pablo Ruiz, miembro de la Comisión afirmó para el Observatorio Ciudadano, que cuando llegó a la escena encontró a la madre de M.L.C con “signos de haber sido golpeada. Tenía pelo arrancado, supongo que por el forcejeo, y habían dos niños llorando, impactados por la violencia policial que habían vivido. Había también sangre en la tierra”.
Además, el comisionado expresó cuando llegaron a la Comisaría de Collipulli, Cristian Alarcón, el jefe de la unidad, negó que los detenidos estuvieran en el recinto. Asimismo la delegación constató que cuando M.C.L fue liberado, en su chaleco y cuerpo había resto de sangre como también heridas en su espalda.
El operativo policial también había allanado una escuela de Temucuicui, hiriendo a algunas personas con balines. Más tarde se tuvo acceso al informe que hizo Carabineros, donde reconocen y explican por qué habían amarrado a la mamá de M.C.L.
A un año del allanamiento, M.L.C quién ahora tiene entre 14 y 15 años, no ha vuelto a ser citado a la prestar declaraciones a la Fiscalía Militar.
JUSTICIA MILITAR Y LA LEY ANTI-TERRORISTA CONTINÚAN
Debido a una huelga de hambre que realizaron los comuneros mapuches durante el 2010, el Gobierno se comprometió a modificar la Justicia Militar y la Ley Anti-Terrorista. Sin embargó, estos cambios fueron parciales.
Si bien, ahora la Justicia Militar excluye a los niños de estos procesos, ésta aún sigue vigente para los funcionarios policiales que cometan delito contra civiles.
Asimismo, la Ley Antiterrorista aún puede ser aplicada en menores de 18 años, solamente que ahora las penas se basan basarse en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
AUDIENCIA EN COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Adriana Loncomilla y José Cariqueo dieron su testimonio el jueves pasado en dependencias de Amnistía Chile, junto a representantes de la Fundación Anide, la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ Chile) y Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano.
En la instancia, anunciaron que el próximo viernes 25 de marzo entregarán un informe a la CIDH que recopila un centenar de casos de violencia institucional contra niños y adolecentes mapuches realizado entre el 2001 y 2011.
El informe destaca situaciones como el encañonamiento con armas de fuego, asfixias por bombas lacrimógenas, y victimas de golpes, tortura, tratos inhumanos, raptos, hostigamiento y allanamientos a escuelas.
En el 2009, el Comité de Ética contra la Tortura le señaló al Estado chileno su preocupación ante diversas denuncias sobre violencia a mapuche, y manifestó inquietud que las víctimas sean, principalmente, mujeres, niños y niñas, y personas de tercera edad.
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Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ Chile)