La cúpula del Partido Comunista de Chile continúa intentando desconocer el fallo del 6º Juzgado Laboral que le obliga reincorporar a tres trabajadores al periódico El Siglo, luego de que el pasado 28 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago ratificara el fallo de primera instancia, esta vez recurriendo de casación ante la Corte Suprema.
Como se recordará, Antes de finalizar el 2010, el 6º Juzgado Laboral entregó un contundente fallo en que señala “que entre los trabajadores Jorge Raúl Zúñiga San Martín, Julio Cesar Oliva García y Raúl Enrique Blanchet Muñoz y Empresa Editorial Siglo XXI Ltda., existe y existió una relación contractual de carácter laboral”, con lo que daba pie al reintegro de dichos trabajadores y al pago de los sueldos pendientes desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el abogado laboralista Pedro Aravena, representante de la empresa, decidió apelar y así extender el plazo para cumplir con la resolución judicial, señalando telefónicamente al presidente del sindicato, Julio Oliva, que ellos respetarían “todos los fallos judiciales, pero este caso no ha terminado”.
Esta vez, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara el fallo de primera instancia, nuevamente ha sido el abogado Pedro Aravena, asesor de la CUT y del Colegio de Profesores, quien ha recurrido a la Corte Suprema intentando desconocer los contundentes fallos que han dado la razón a los trabajadores. No es la primera vez que el abogado, representante de los dueños de El Siglo, acude a esta instancia en su pelea contra los trabajadores del semanario comunista. Ya cuando la Dirección del Trabajo dictó sendas resoluciones que obligaban a legalizar los contratos de estos trabajadores, que la empresa Editorial Siglo XXI desconocía como forma de no validar la existencia del sindicato de trabajadores, Aravena recurrió de protección al tribunal de alzada capitalino, instancia que dio la razón a los trabajadores, por lo cual llegó hasta la Suprema alegando que la Dirección del Trabajo no tenía atribuciones para decidir quién era o no trabajador dependiente de una empresa, argumento empleado a destajo por las grandes empresas para desconocer y anular a las organizaciones sindicales. Lamentablemente en esa ocasión, la máxima instancia de la Justicia le dio la razón al representante del PC y obligó a los afectados a interponer una demanda en tribunales laborales para conseguir que se les reconocieran sus derechos, alcanzando los exitosos resultados ya informados.
OBSTRUYENDO LA JUSTICIA
En otros dos casos, el de Cristián Pavéz y Eliana Gómez, trabajadores despedidos ilegalmente que ya ganaron en todas las instancias judiciales, los representantes de la empresa ligada al Partido Comunista se negaron enfáticamente a pagar las indemnizaciones correspondientes y la justicia debió recurrir al embargo de bienes de la Editorial Siglo XXI. Como forma de continuar burlando la legalidad, de la que son tan respetuosos en materia política, esta vez René Amigo, gerente de la empresa, ordenó dejar solamente un par de computadores viejos y dos escritorios en lo que supuestamente es el espacio en el que funciona el periódico El Siglo, en dependencias de la Radio Nuevo Mundo, también de propiedad de dicho partido. El tribunal intentó acceder a los fondos de la cuenta corriente de la empresa, pero había sido vaciada. Como una nueva medida por obtener el pago de la deuda, la justicia acudió al Servicio de Impuestos Internos para retener la eventual devolución de impuestos. Hasta la fecha, luego de varios meses de ocurridos estos hechos, el periódico El Siglo sigue eludiendo el pago de los finiquitos correspondientes a estos dos trabajadores, sin que el representante legal de la Editorial, el integrante del Comité Central del PC Claudio De Negri Quintana, muestre ninguna intención de llegar a algún acuerdo de pago con los afectados.
Aparentemente, para continuar obstruyendo la justicia, han trasladado la redacción del semanario al mismo Comité Central del PC, espacio en el que se escondieron también al inicio de la huelga legal asumida por el sindicato tras los primeros despidos en el año 2007, impidiendo incluso el ingreso de una fiscalizadora de la Inspección del Trabajo que intentaba comprobar el uso de rompehuelgas para mantener la publicación.
Los diputados Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, dirigentes máximos del PC y responsables de la empresa que publica El Siglo, tampoco han dicho palabra alguna ante este nuevo intento de desconocer el fallo judicial que favorece a los trabajadores. Ambos fueron, en más de una oportunidad, emplazados por los afectados para poner fin a este conflicto en su totalidad de manera negociada, sin embargo optaron por dar paso a los tribunales como forma de dilatar vengativamente la situación y ahora, al perder nuevamente en esta instancia judicial, continúan impulsando las artimañas del miembro del Comité Central y ex integrante de la Comisión Política del PC, Pedro Aravena.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE