POBLADORES DE PUENTE ALTO SE TOMAN DEPENDENCIAS DE LA UNICEF

Un grupo de pobladores de la denominada Asamblea Popular de Puente Alto se tomó pacíficamente dependencias de la UNICEF, en Isidora Goyenechea 3322, comuna de Las Condes, para buscar una solución al problema de contaminación que afecta a sus villas construidas en el ex vertedero La Cañamera de dicha comuna.

Dos son las peticiones inmediatas que plantearon al respecto: la condonación de los dividendos y el traslado de las poblaciones emplazadas en el otrora basurero.

Según señaló Graciela Andrade, vocera de los ocupantes del organismo internacional, en el lugar se encuentran 50 personas, 17 adultos y 33 niños.

Precisó que "estamos cansados de no escuchar una respuesta para una solución definitiva al problema de contaminación que estamos expuestos debido a que el sector era un ex vertedero donde llegaban la basura de cinco comunas de Santiago".

Añadió que "por esta situación nuestra salud se deteriora, hay niños afectados por metales pesados, como el plomo y otros. Hubo estudios que ocultaron la verdad y permitieron la construcción de viviendas allí, entre ellas casas sociales, con las graves consecuencias. No hemos tenido respuesta para sentarnos a una mesa de trabajo con las autoridades políticas y así aspirar a un arreglo definitivo".

"Queremos dejar de pagar dividendos y solicitamos el traslado a una zona sin contaminación. Por eso no quedaremos aquí hasta que venga alguna autoridad del ministerio del Interior, como también representantes de Vivienda y Salud", aseveró la vocera.

Indicó que están afectados habitantes de las villas Volcán 1, 2 y 3; Estación de Ferrocarriles, Santa Catalina, Sargento Menadier y San Guillermo. Agregó que son unas 25 mil familias las perjudicadas, con unos 40 mil niños.

Hasta la UNICEF llegó Carabineros, cuyos funcionarios vigilan el lugar. Sin embargo, hasta el momento la movilización es pacífica.

Cabe recordar que el ex vertedero La Cañamera, hasta 1978, recibía la basura. Posteriormente, el recinto fue cerrado y sellado. A mediados de 1990 se aprobó la construcción allí de viviendas sociales, gracias a una alianza entre el Serviu y la empresa COPEVA. Estas viviendas se inundaron en el invierno de 1997 y se conocieron como las "casas de nylon".