Por Alejandro Lavquén
Tras negarse (con fundamentos), estudiantes y profesores, a aceptar la propuesta GANE, impulsada por el gobierno y la UDI, como solución al problema de la educación en Chile, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, ha dicho que seguirá la vía parlamentaria, enviando los proyectos de ley, vinculados con el proyecto GANE, al poder legislativo para su tramitación. Además, recordemos que no hace mucho senadores y diputados, en conjunto, habían convocado a resolver el problema mediante una “mesa política social”: movimiento social, gobierno y parlamento; es decir, dos contra uno; donde uno de los dos, el Parlamento, asumiría el papel de garante. O sea, más dilatación para obtener una solución real, la que seguramente terminará en nada o en lo mismo. La derecha ya mostró su cara verdadera a través de la intransigencia patronal del ministro Bulnes, las expresiones pinochetianas de Carlos Larraín y Tatiana Acuña, y la violencia ejercida por carabineros contra los estudiantes.
Desde el año noventa a la fecha, el Parlamento no ha hecho otra cosa que ser funcional, mayoritariamente, al empresariado y a las transnacionales. También se han dedicado a sostener sus privilegios, incluso en el caso de la educación muchos de sus integrantes tienen motivaciones directas o indirectas, ya sea vinculadas a familiares o amigos, que se relacionan con la manutención del lucro en la educación, por lo tanto ¿qué confianza nos pueden dar los parlamentarios? La derecha y los dirigentes de la Concertación no dan el ancho democrático, y nunca lo han dado. Seguimos regidos por una Constitución ilegítima en sus raíces, pero que a la oligarquía política, desde la más pituca a la más rasca, parece acomodarles muy bien. La solución al problema de la educación es un plebiscito, donde sea el pueblo en su totalidad el que decida, y como la actual Constitución no lo permite, es ahí donde se debe hincar el diente para abrir las puertas y ventanas que permitan, rápidamente, efectuar los cambios necesarios y realizar el plebiscito. Si los parlamentarios desean de verdad ayudar a la solución del conflicto, deberían comenzar por cambiar su modo de ser y de una vez por todas ponerse al lado de las reivindicaciones sociales mayoritarias y justas, olvidándose de sus cálculos políticos en vías de intereses electorales.