Tras la manifestación en contra del ministro de Educación, Felipe Bulnes, durante la discusión del presupuesto de su cartera, en la comisión respectiva del Senado –anteriormente había ocurrido algo similar en la cámara de Diputados en contra del ministro del Interior- la derecha comienza a hablar de “crisis institucional” y las “graves consecuencias” que esto podría traer en el futuro. Discurso que nos recuerda el de golpistas como Sergio Onofre Jarpa, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez y Raúl Hasbún durante el gobierno de la Unidad Popular, que, como sabemos, se tradujo en un golpe de Estado y en graves violaciones a los derechos humanos durante diecisiete años; todas justificadas por la derecha, que hoy se agrupa en la UDI y RN. En esta situación no están exentos de culpa algunos personeros democratacristianos, muy específicos, que, habiendo apoyado el golpe del ‘73, hoy pretenden pasar por ilustres demócratas.
La crisis política e institucional actual –nadie cree en la honestidad de los poderes del Estado- no se debe a los manifestantes que marchan por las calles para protestar debido a los abusos cometidos en educación, salud, previsión, medio ambiente, vivienda y en el ámbito laboral, sino que ello se debe al sistema económico y político que rige nuestro país, encabezado, obviamente, por instituciones como el ejecutivo, parlamento, poder judicial, etcétera, que no han estado a la altura de ser instituciones realmente al servicio del pueblo o ciudadanía, como algunos gustan de llamarlo. Es tan sencillo como eso. No existen mayores misterios. Las manifestaciones de repudio no son más que el efecto que producen tantos abusos e injusticias por parte de una clase política charlatana y un empresariado anguillento y depredador. Los hechos son concretos, indesmentibles, y están avalados por una Constitución ilegítima en su origen y por un sistema electoral inmoral y antidemocrático. Para detener las manifestaciones de repudio bastaría cambiar la Constitución y el sistema económico, y que el poder político se traspasara al pueblo por medio de una Asamblea Constituyente.