Los últimos días del 2011 la ciudadanía conoció dos anuncios que presagian la creciente escalada de represión que se avecina. Uno de ellos fueron las declaraciones del recién designado director de Orden y Seguridad de Carabineros, quien aseguró en tono desafiante “estar preparado para enfrentar las movilizaciones del año 2012”. Asimismo, señaló que como garantes del estado de derecho “estaremos atentos para vigilar y dar seguridad a la mayoría de la gente, velando por el bien general y no por el particular”. Claramente este funcionario se siente respaldado por una autoridad de gobierno para dar esas declaraciones.
Quienes hemos sido protagonistas haciendo nuestro trabajo en las marchas, sabemos lo que esto significa: continuar encubriendo procedimientos irregulares en las detenciones, abusos en contra de civiles, golpizas a los manifestantes detenidos y a la prensa.
Para esto se usa como pretexto la aparición de encapuchados que provocan desmanes en las marchas, a pesar que varios canales han exhibido imágenes de estos civiles, que los muestran entrando y saliendo de las comisarías.
Estas declaraciones no dejaron indiferentes a dirigentes de Derechos Humanos de diversos sectores, que saben que esta postura represiva no garantiza los derechos civiles y políticos que todo ciudadano tiene. Contrariamente a lo que pudiera esperarse, esto no hace más que intensificar y mantener las protestas sociales, de una ciudadanía cansada de que no se respeten sus derechos fundamentales, como el derecho a reunión.
Como broche de oro, también en esta semana la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó por estrecho margen el proyecto de “Resguardo del Orden Público”, que se ha hecho conocida como la Ley Anti Protesta o Ley Hinzpeter.
Este proyecto no hace otra cosa más que rigidizar las penas desde lo que antes era una multa, hasta llegar al presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años).
Entre otras cosas preocupantes, también faculta a la policía a incautar material audiovisual y gráfico que sea “conducente para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delitos” y obtener su entrega “voluntaria” o una copia de las mismas.
"En otras palabras, si el parlamento y sus honorables aprueban este proyecto cualquier expresión de protesta podrá ser castigada con todo el rigor de la ley, incluso obligará a los gráficos a entregar su trabajo gratuitamente para darle quien sabe que uso".
A saber, entre los votos necesarios para su aprobación están cinco diputados UDI, dos RN, dos DC, dos PPD y dos PS.
Ojalá los políticos revisen las leyes que aprueban y no solo se acerquen al pueblo cuando necesiten sus votos.
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS MEDIOS INDEPENDIENTES ESTEN ALERTA A LA PROMULGACION DE ESTAS LEYES REPRESORAS, SE UNAN Y USEN TODOS LOS RECURSOS LEGALES QUE SEAN NECESARIOS PARA DEFENDERSE DE ESTE ATROPELLO A LA LIBERTAD DE EXPRESION.
JORGE ZÚÑIGA SM PRESIDENTE SINDICATO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE (ARI)