Una señal de alerta en la ciudadanía encendieron las declaraciones del nuevo director de Orden y Seguridad de Carabineros, el General Alfonso Muñoz, quien afirmó que está preparado para enfrentar las movilizaciones del año 2012. Mientras, organizaciones sociales, abogados y dirigentes criticaron el tono represivo del General.
“Toda persona tiene derecho a manifestarse, pero con la autorización respectiva. Somos garantes del Estado de Derecho y estaremos atentos para vigilar y dar seguridad a la mayoría de la gente, velando por el bien general y no por el particular”, fueron los dichos del nuevo general de Orden y Seguridad de Carabineros, Alfonso Muñoz.
Sus palabras generaron reacciones inmediatas de parte de los manifestantes, para quienes este año la institución ha actuado bajo procedimientos sumamente irregulares en las marchas, e incluso se han registrado casos de abuso, lo que ha sido denunciado por el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En esa línea, Rosario Carvajal, integrante de Democracia para Chile, dijo que “estos antecedentes reiterados hablan de un abuso de la autoridad sobre la administración de un espacio público, que pertenece a todos los ciudadanos de Chile. Tenemos el derecho constitucional – consagrado incluso en la Carta Magna de 1980 – de la libertad de reunión, entonces claramente creemos que las autoridades sobrepasan su límite”.
La presidenta de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, advirtió que esto también ha ocurrido en caso de eventos culturales, lo que es afirmó “es insólito”. Además, hizo un llamado a las autoridades a investigar quienes son los encapuchados que aparecen al final de las marchas y que son los responsables de los disturbios.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Roberto Garretón, añadió que no hay ninguna ley que exija autorización una previa para movilizarse, pero sí existe un decreto de la dictadura que lo norma que es “absolutamente inconstitucional”. Garretón también criticó la postura del general Muñoz de defender sólo a las mayorías.
“Tienen que preocuparse de la seguridad de todos los chilenos, de mayorías, minorías o lo que sea. Todos debemos gozar del derecho humano a la seguridad garantizado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos tenemos que gozar del derecho a la seguridad inclusive los manifestantes”, precisó Garretón.
Por lo mismo, el co-Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, advirtió que el escenario es altamente preocupante, ya que la postura represiva de los uniformados choca con el despertar de la conciencia de que está mostrando la ciudadanía y sus aspiraciones.
“La protesta social va a mantenerse y posiblemente va a intensificarse durante el próximo año en la medida en que la democracia y el sistema político que tenemos no permite las transformaciones que la ciudadanía, los estudiantes y muchos otros sectores venimos proponiendo. Se trata de remover estructuras que datan de la dictadura que impide el reconocimiento y el ejercicio de derechos fundamentales”, comentó.
José Aylwin añadió que esto es sumamente complejo cuando el sistema institucional no da caminos de participación, no posibilita la transformación que la ciudadanía reclama, la movilización tomará cada vez más fuerza y, en ese sentido, los dichos del General Muñoz sólo presagian que el 2012 habrá una mayor conflictividad en las calles.