El abogado Alberto Espinoza, quien tiene a su cargo la defensa de los ex militantes del MAPU-Lautaro, beneficiados con la libertad condicional por el Ministerio de Justicia, señaló que ’’la libertad condicional es un criterio básico al cumplir la mitad de la pena’’.
Espinoza agregó que “la ley no hace ninguna distinción para otorgar este beneficio aunque sea ante un caso de delito terrorista’’.
“Ellos siguen cumpliendo su condena bajo un control penitenciario, a lo menos mensual, donde se evalúa la integración social de estas personas’’, “Hay que recordar que las penas tienen un sentido castigador y rehabilitador, y el sentido castigador ya se ha cumplido cuando las personas han permanecido un tiempo prolongado privado de la libertad’’. Alberto Espinoza aclaro que, “ya estaban en el periodo de reinserción social, la única diferencia es que ahora ellos están durmiendo en sus casas’’.
“Nadie puede garantizar que estas personas no se escapen, pero naturalmente quedan inhabilitados para salir del país’’.
Finalmente Espinoza se mostró confiado en que se reinserten socialmente agregando que ’’todas las personas que han sido condenadas por delitos políticos logran una buena adaptación social, incluso algunos presos políticos del pasado ahora son autoridades de Gobierno’’.
Además Alberto Espinoza, sostuvo que el Gobierno de Lagos no cumplió el compromiso, un acuerdo con el Gobierno para que los reos por delitos de carácter terrorista beneficiados con la libertad condicional fueran doce y no sólo Patricio Gallardo Trujillo, Álvaro González Olivares, Carlos Plaza Villarroel y Carlos Silva Duncan.
Según el profesional, durante gran parte del año pasado hubo una serie de reuniones en las que participó el ex Ministro José Miguel Insulza, el Ministro Francisco Vidal y el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con quienes, a través del patrocinio a distintas leyes, se habría acordado concederle la libertad condicional, a todos los presos por acciones subversivas que tuvieran la mayoría de su pena cumplida.
"Había acuerdos políticos, compromisos políticos asumidos por Ministros del Presidente Lagos y ahora inexplicablemente cuando se dan las condiciones jurídicas para solucionar esta situación, el Ministro Bates lo hace de manera restringida, acotada a cuatro personas sin tener explicación razonable para justificar la negativa a otras ocho personas".
Alberto Espinoza incluso asegura que los doce reos habían sorteado con éxito las etapas que establece el proceso para determinar quienes son aptos para el beneficio, es decir, habían sido calificados positivamente por Gendarmería en relación a su conducta como internos, fueron habilitados por la comisión de libertad condicional (integrada por el Presidente de la Corte de Apelaciones, un Ministro y un Fiscal del Tribunal de Alzada, y los 10 jueces del crimen más antiguos) y que en la última fase, la de la decisión ejecutiva se frenó todo.
LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR:
Una fuerte controversia generó la decisión del Gobierno de otorgarles el beneficio de la libertad provisional a cuatro ex militantes del MAPU - Lautaro presos por delitos de connotación terrorista.
El Presidente Ricardo Lagos aclaró que no se trata de indultos y que es sólo lo que se les da a las personas cuando cumplen ciertas condenas.
Familiares de algunas de las víctimas de los Lautaristas rechazaron la decisión gubernamental y la calificaron de injusta, ya que "quienes les quitaron la vida a sus seres queridos deben pagar con las penas que corresponden".
En la UDI pidieron claridad respecto de a qué obedece la decisión del Ejecutivo, en el sentido de saber si apunta a una política de armonía y pacificación del país, lo cual debería reflejarse con iniciativas similares a uniformados condenados por violación a los derechos humanos, o si se trata de un hecho puntual.
Los abogados Juan Carlos Mans, Jorge Balmaceda –defensores de Manuel Contreras, Pedro Espinoza- reclamaron que esos beneficios también se les debieran aplicar a sus representados, apelando “al principio de igualdad ante la ley”.
El Senador (RN) Carlos Cantero “estas medidas deben ser equitativas y hasta ahora han sido extremadamente asimétricas (…) los beneficios deben ser para todos y no sólo para los aliados”. Mientras que el senador (UDI) Jorge Arancibia reclamo que hay “gente que espera un trato similar y no ha tenido ningún beneficio”.
Estas opiniones fueron rechazadas por el abogado Eduardo Contreras quien señaló que “Esta medida no puede ser tomada como una Moneda de Cambio en favor de los Violadores de los Derechos Humanos”. LIBERTAD CONDICIONAL ES UN CRITERIO BÁSICO AL CUMPLIR LA MITAD DE LA PENA
El abogado Alberto Espinoza, quien tiene a su cargo la defensa de los ex militantes del MAPU-Lautaro, beneficiados con la libertad condicional por el Ministerio de Justicia, señaló que ’’la libertad condicional es un criterio básico al cumplir la mitad de la pena’’.
Espinoza agregó que “la ley no hace ninguna distinción para otorgar este beneficio aunque sea ante un caso de delito terrorista’’.
“Ellos siguen cumpliendo su condena bajo un control penitenciario, a lo menos mensual, donde se evalúa la integración social de estas personas’’, “Hay que recordar que las penas tienen un sentido castigador y rehabilitador, y el sentido castigador ya se ha cumplido cuando las personas han permanecido un tiempo prolongado privado de la libertad’’. Alberto Espinoza aclaro que, “ya estaban en el periodo de reinserción social, la única diferencia es que ahora ellos están durmiendo en sus casas’’.
“Nadie puede garantizar que estas personas no se escapen, pero naturalmente quedan inhabilitados para salir del país’’.
Finalmente Espinoza se mostró confiado en que se reinserten socialmente agregando que ’’todas las personas que han sido condenadas por delitos políticos logran una buena adaptación social, incluso algunos presos políticos del pasado ahora son autoridades de Gobierno’’.
Además Alberto Espinoza, sostuvo que el Gobierno de Lagos no cumplió el compromiso, un acuerdo con el Gobierno para que los reos por delitos de carácter terrorista beneficiados con la libertad condicional fueran doce y no sólo Patricio Gallardo Trujillo, Álvaro González Olivares, Carlos Plaza Villarroel y Carlos Silva Duncan.
Según el profesional, durante gran parte del año pasado hubo una serie de reuniones en las que participó el ex Ministro José Miguel Insulza, el Ministro Francisco Vidal y el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con quienes, a través del patrocinio a distintas leyes, se habría acordado concederle la libertad condicional, a todos los presos por acciones subversivas que tuvieran la mayoría de su pena cumplida.
"Había acuerdos políticos, compromisos políticos asumidos por Ministros del Presidente Lagos y ahora inexplicablemente cuando se dan las condiciones jurídicas para solucionar esta situación, el Ministro Bates lo hace de manera restringida, acotada a cuatro personas sin tener explicación razonable para justificar la negativa a otras ocho personas".
Alberto Espinoza incluso asegura que los doce reos habían sorteado con éxito las etapas que establece el proceso para determinar quienes son aptos para el beneficio, es decir, habían sido calificados positivamente por Gendarmería en relación a su conducta como internos, fueron habilitados por la comisión de libertad condicional (integrada por el Presidente de la Corte de Apelaciones, un Ministro y un Fiscal del Tribunal de Alzada, y los 10 jueces del crimen más antiguos) y que en la última fase, la de la decisión ejecutiva se frenó todo.
LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR:
Una fuerte controversia generó la decisión del Gobierno de otorgarles el beneficio de la libertad provisional a cuatro ex militantes del MAPU - Lautaro presos por delitos de connotación terrorista.
El Presidente Ricardo Lagos aclaró que no se trata de indultos y que es sólo lo que se les da a las personas cuando cumplen ciertas condenas.
Familiares de algunas de las víctimas de los Lautaristas rechazaron la decisión gubernamental y la calificaron de injusta, ya que "quienes les quitaron la vida a sus seres queridos deben pagar con las penas que corresponden".
En la UDI pidieron claridad respecto de a qué obedece la decisión del Ejecutivo, en el sentido de saber si apunta a una política de armonía y pacificación del país, lo cual debería reflejarse con iniciativas similares a uniformados condenados por violación a los derechos humanos, o si se trata de un hecho puntual.
Los abogados Juan Carlos Mans, Jorge Balmaceda –defensores de Manuel Contreras, Pedro Espinoza- reclamaron que esos beneficios también se les debieran aplicar a sus representados, apelando “al principio de igualdad ante la ley”.
El Senador (RN) Carlos Cantero “estas medidas deben ser equitativas y hasta ahora han sido extremadamente asimétricas (…) los beneficios deben ser para todos y no sólo para los aliados”. Mientras que el senador (UDI) Jorge Arancibia reclamo que hay “gente que espera un trato similar y no ha tenido ningún beneficio”.
Estas opiniones fueron rechazadas por el abogado Eduardo Contreras quien señaló que “Esta medida no puede ser tomada como una Moneda de Cambio en favor de los Violadores de los Derechos Humanos”.