Fuente/UPI
Acusan falta de asesoría legal y critican "nulo avance" en materia de DD.HH.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Marta Godoy, criticó al gobierno por no llevar a efecto las recomendaciones del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que presidió Raúl Rettig, a 18 años de su presentación al país.
"Las recomendaciones que allí se hicieron era que el gobierno, como responsable del Estado que fue el que violó los Derechos Humanos, tenía que prestar asesoría jurídica para que se llevaran adelante investigaciones acerca de todos los casos de ejecutados políticos y eso no ha sucedido", afirmó la dirigenta
En la ocasión, Godoy añadió que en la actualidad existen 1.164 casos de ejecutados políticos y "que no tienen siquiera presentada una acción judicial".
Con pancartas de fondo rojo recordando a sus víctimas y petos blancos con la consigna de Verdad, Justicia y Memoria, la Afep protestó este mediodía en la Plaza de la Constitución conmemorando 18 años desde la entrega al país del informe en que quedaron consignados 2.296 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Según Marta Godoy, en cerca de dos años su agrupación no ha recibido respuesta alguna a sus peticiones de reunirse a dialogar sobre el tema con el gobierno y afirmó que "no se ha logrado ningún avance en materia de derechos humanos y pensamos que la Presidenta tiene que tomar alguna medida en su último año de gobierno" expresó.
Las exigencias de la agrupación apuntan a asesoría jurídica en los casos de ejecutados políticos, la anulación de la Amnistía aplicada en los casos y la destinación de jueces exclusivos en las causas.
Con pancartas de fondo rojo recordando a sus víctimas y petos blancos con la consigna de Verdad, Justicia y Memoria, la Afep protestó este mediodía en la Plaza de la Constitución conmemorando 18 años desde la entrega al país del informe en que quedaron consignados 2.296 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Según Marta Godoy, en cerca de dos años su agrupación no ha recibido respuesta alguna a sus peticiones de reunirse a dialogar sobre el tema con el gobierno y afirmó que "no se ha logrado ningún avance en materia de derechos humanos y pensamos que la Presidenta tiene que tomar alguna medida en su último año de gobierno" expresó.
Las exigencias de la agrupación apuntan a asesoría jurídica en los casos de ejecutados políticos, la anulación de la Amnistía aplicada en los casos y la destinación de jueces exclusivos en las causas.