El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó hoy a Chile derogar la Ley de Amnistía, ya que puede influir de forma negativa en las sentencias de los graves crímenes cometidos durante el gobierno militar.
"El Comité considera que el hecho de que el Decreto Ley continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía", reza el informe sobre Chile del Comité, cuya cuadragésima segunda sesión acabó hoy.
El Comité explicita que es consciente que los tribunales chilenos han ido declarando en sus fallos la no aplicación del Decreto Ley de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Pero dada la posibilidad de que su aplicación actúe contra los principios de los derechos humanos, el Comité insta a Chile a que derogue el Decreto Ley de Amnistía.
"El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura".
Por otra parte, recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial.
Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas de reparación a las víctimas.
"El Comité insta al Estado a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión para poder satisfacer la exigencia de reparación de las víctimas de tortura bajo la dictadura".
Especialmente, el organismo de Naciones Unidas pide que se difunda la existencia de dicha Comisión sobre todo entre los chilenos que viven en el exterior por culpa del exilio.
El Comité recomienda que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales "lo antes posible con miras a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención contra la Tortura permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean efectivas y transparentes".
En relación a los indígenas, al Comité "le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas".
Además, lamenta que se haya aplicado la ley Antiterrorista contra integrantes de los pueblos indígenas en relación con diversos actos de protesta social.
