Comité ONU recomendó además derogar la Ley de Amnistía y lamentó "acciones abusivas" de policías a integrantes de pueblos indígenas
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, cuya cuadragésima segunda sesión acabó hoy, llamó a Chile a reabrir la Comisión sobre Prisión Política y Tortura y a derogar el Decreto-Ley de Amnistía por estimar que puede influir de forma negativa en las sentencias de los graves crímenes cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
"El Comité insta al Estado a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión para poder satisfacer la exigencia de reparación de las víctimas de tortura bajo la dictadura", dice esa instancia al hacer hincapié en la necesidad de adoptar medidas de reparación a las víctimas. 
La entidad pide en este punto que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial, y llama a que se difunda la existencia de dicha Comisión sobre todo entre los chilenos que viven en el exterior por culpa del exilio.
En otra parte del informe sobre Chile, en la nueva recomendación al país luego de una serie en materias de derechos humanos emitidas en los últimos días por otras instancias de esa organización, se explicita que el Comité "considera que el hecho de que el Decreto-Ley continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía".
El Comité explicita que es consciente que los tribunales chilenos han ido declarando en sus fallos la no aplicación del Decreto-Ley de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Sin embargo, precisa el documento emitido en esta jornada, dada la posibilidad de que su aplicación actúe contra los principios de los derechos humanos, el Comité insta a Chile a que derogue ese polémica ley heredada por la dictadura militar.
"El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura".
El Comité también recomienda al Estado chileno que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales "lo antes posible con miras a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención contra la Tortura permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean efectivas y transparentes".
En relación a los indígenas, al Comité "le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas". Además, lamenta que se haya aplicado la ley Antiterrorista contra integrantes de los pueblos indígenas en relación con diversos actos de protesta social.
La entidad pide en este punto que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial, y llama a que se difunda la existencia de dicha Comisión sobre todo entre los chilenos que viven en el exterior por culpa del exilio.
En otra parte del informe sobre Chile, en la nueva recomendación al país luego de una serie en materias de derechos humanos emitidas en los últimos días por otras instancias de esa organización, se explicita que el Comité "considera que el hecho de que el Decreto-Ley continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía".
El Comité explicita que es consciente que los tribunales chilenos han ido declarando en sus fallos la no aplicación del Decreto-Ley de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Sin embargo, precisa el documento emitido en esta jornada, dada la posibilidad de que su aplicación actúe contra los principios de los derechos humanos, el Comité insta a Chile a que derogue ese polémica ley heredada por la dictadura militar.
"El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura".
El Comité también recomienda al Estado chileno que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales "lo antes posible con miras a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención contra la Tortura permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean efectivas y transparentes".
En relación a los indígenas, al Comité "le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas". Además, lamenta que se haya aplicado la ley Antiterrorista contra integrantes de los pueblos indígenas en relación con diversos actos de protesta social.