La resolución fundamenta que no existen hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales, declarando inadmisible el trámite contra Andrés Montes Cruz y el personal de la prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró este martes inadmisible el Recurso de Protección interpuesto en contra del fiscal Andrés Montes Cruz y del personal de la prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, luego de que el 1 de mayo pasado se denunciara que civiles, tras una supuesta orden del prosecutor, interrogaron y fotografiaron a alrededor de 70 personas que habían sido detenidas en las manifestaciones.
La resolución del tribunal se fundamenta en que "no se señalan hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales mencionadas en la referida norma constitucional, por lo que no será admitido a tramitación".
Pese a lo anterior, los magistrados decidieron remitir todos los antecedentes a Ministerio Público y a la Dirección General de Carabineros "dada la naturaleza de los hechos denunciados".
La acción judicial fue interpuesta el pasado 14 de mayo por los abogados Rubén Jerez, del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, y Hugo Gutiérrez, los que concurrieron hasta el Palacio de Tribunales junto a familiares de los afectados que fueron aprehendidos en la 3ª Comisaría de Carabineros, donde fueron interrogados por personal civil y "fueron también fotografiados por civiles".RECHAZAN RECURSO CONTRA FISCAL QUE PERMITIÓ A CIVILES FOTOGRAFIAR A DETENIDOS
La resolución fundamenta que no existen hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales, declarando inadmisible el trámite contra Andrés Montes Cruz y el personal de la prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró este martes inadmisible el Recurso de Protección interpuesto en contra del fiscal Andrés Montes Cruz y del personal de la prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, luego de que el 1 de mayo pasado se denunciara que civiles, tras una supuesta orden del prosecutor, interrogaron y fotografiaron a alrededor de 70 personas que habían sido detenidas en las manifestaciones.
La resolución del tribunal se fundamenta en que "no se señalan hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales mencionadas en la referida norma constitucional, por lo que no será admitido a tramitación".
Pese a lo anterior, los magistrados decidieron remitir todos los antecedentes a Ministerio Público y a la Dirección General de Carabineros "dada la naturaleza de los hechos denunciados".
La acción judicial fue interpuesta el pasado 14 de mayo por los abogados Rubén Jerez, del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, y Hugo Gutiérrez, los que concurrieron hasta el Palacio de Tribunales junto a familiares de los afectados que fueron aprehendidos en la 3ª Comisaría de Carabineros, donde fueron interrogados por personal civil y "fueron también fotografiados por civiles".