El pasado lunes 27 de abril, La Moneda definió acelerar la tramitación de la agenda de proyectos de ley relativos a DD.HH. que se encuentran en el Congreso. La decisión apunta a sumar antecedentes para la comparecencia que el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo concretará el próximo viernes 8 de mayo ante los 47 miembros del Consejo de DD.HH. de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Como la instancia fue instaurada en 2006 y cada país debe presentarse cada cuatro años, la del viernes será la primera comparecencia de un representante chileno ante el consejo.
Las conclusiones sobre la situación de Chile en DD.HH. serán reflejadas en un informe que se dará a conocer en junio.
Y si bien en organismos de DD.HH. afirman que es casi imposible que la situación de Chile exponga al país a una recomendación de sanciones ante la ONU, agregan que un informe muy crítico pondría en difícil pie al país, ya que Chile ocupa uno de los 47 puestos del consejo.
LAS CRITICAS
"Hay un acuerdo político en el Congreso que se ha ido cumpliendo a plena satisfacción", afirma Viera-Gallo, despejando dudas respecto de si se conseguirán las mayorías necesarias para aprobar tres iniciativas que permitirán a Chile adherir al Tribunal Penal Internacional: el proyecto que crea los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; la reforma constitucional que habilita al Estado chileno para incorporarse al TPI y la ley que regula la adhesión.
La no inclusión de Chile al TPI es, precisamente, uno de los puntos más adversos para la exposición chilena en el consejo. Los cuestionamientos serán hechos por esta instancia en base a un informe elaborado por la Corporación Humanas, a partir de las conclusiones de un grupo de representantes de la sociedad civil chilena y que pertenecen a distintas ONG.
Y aunque el texto admite algunos avances en materia de los juicios sobre violaciones a los DD.HH., establece que Chile presenta deficiencias en la ratificación de tratados en DD.HH y en la ausencia de institucionalidad, poniendo como ejemplo la lenta tramitación de los proyectos que crean el Defensor Ciudadano y el Instituto de DD.HH.
El informe también denuncia escasos avances en la no discriminación a las mujeres, pueblos originarios e indígenas y las diversidades sexuales. También establece una batería de recomendaciones particulares: crear un registro único sobre violencia contra la mujer; legalizar el aborto terapéutico, eugenésico y en caso de incesto; y dotar de reconocimiento legal los derechos sexuales y reproductivos.
CONTRA LA TORTURA
Un escenario similar deberán enfrentar los representantes chilenos que deberán acudir esta semana al Comité contra la Tortura, también en Ginebra.
En la ocasión, se abordará otro informe que resume la postura de distintas ONG chilenas que, entre otras materias, cuestionan el hacinamiento que se vive en los recintos policiales y los excesos policiales contra manifestantes estudiantiles, de los pueblos originarios y los trabajadores.