En estos días se puede ver cómo en nuestro país, conocidos políticos que apoyaron el golpe (y resultaron muy beneficiados en Dictadura), hoy estén promoviendo leyes represivas como si aun estuvieran en el poder. Que vergüenza que nadie diga nada como se le prepara el terreno al próximo gobierno de derecha, por culpa de
La medida busca penalizar con cárcel a quienes provoquen disturbios públicos con el rostro cubierto y presume culpabilidad para quienes los convoquen a través de los medios.
El diputado de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, criticó duramente la actitud de los diputados de
Pese al rechazo de
"El voto en contra de los socialistas es votar a favor de la impunidad", aseguró el parlamentario, junto con agregar que "votan en contra de su propio gobierno y es la razón del por qué pierden la batalla en contra de la delincuencia: porque no hay conciencia de que hay que proteger a las víctimas y no a los delincuentes".
Cardemil aseguró que "en el gobierno de Piñera ésta será una herramienta fundamental para mantener el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos comunes que desean vivir en armonía en nuestro país".
Según explicó el diputado, "todos hemos visto cómo encapuchados se infiltran en manifestaciones causando daños a las personas y a la propiedad; y por otra parte es fundamental que quienes convocan a una manifestación pública se hagan responsables de ellas cumpliendo las normas establecidas, de lo contrario y si resultan daños, es lógico que ellos respondan".
Para el aliancista "este proyecto protege la calidad de vida y el orden público del país. Esto en el distrito que yo represento resulta tremendamente importante, puesto que ahí se hacen la mayoría de las manifestaciones y todos hemos sufrido su vandalismo posterior, con daños a la propiedad pública y a las personas".
El texto modifica el Código Penal para indicar que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y una multa de
El proyecto hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
La iniciativa agrega que los participantes en reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, deberán responder civil y penalmente de ellos. En los casos que los daños sean causados por menores de edad, sus representantes legales deberán responder civilmente.