A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres) en Chile del bicentenario gobernado por
Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por
de los cuales la justicia ha aplicado
afectadas por medidas cautelares.
Este será uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.
UNA VICTORIA DE LOS DDHH
Hay una victoria que pueden contabilizar a su haber los presos políticos mapuche en favor de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas. El gobierno debió retroceder en su intento de dispersión territorial del grupo más compacto, los miembros de
Judicialmente la medida de traslado, apelada por la defensa, había salvado todas las vallas pero fue resistida por los presos de la cárcel El Manzano con una prolongada huelga de hambre que sólo se levantó cuando oficialmente el gobierno informó la no vigencia de esos cambios.
La denuncia de los familiares, que permanecieron días y noches en vigilia permanente a la espera de los traslados anunciados, y la sólida argumentación de los abogados de derechos humanos que veían en ello la adopción de prácticas de la dictadura de Augusto Pinochet, sumados al impacto que a nivel nacional e internacional tuvo el asesinato del comunero
Jaime Mendoza Collío por carabineros, impidieron la materialización del plan de Gendarmería. La medida consistía en trasladar los presos a ciudades como Puerto Montt, Rancagua y Valdivia, ubicadas a centenares de Km. de sus comunidades de origen, en desmedro de sus derechos humanos y de su defensa.
Un recurso presentado por los hijos de Héctor Llaitul defendiendo su derecho a mantener el contacto con su padre fue rechazado a destiempo por
Permanecen otras irregularidades que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista de tiempos de Augusto Pinochet (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar. Hay detenidos que habían sido trasladados lejos de sus familias anteriormente cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito. Muchos mapuches sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están
sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de prisión preventiva operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales.
Por otra parte, se discrimina a los imputados mapuches forzándolos sin éxito muchas veces- a entregar muestras de su ADN, práctica rechazada por los presos que temen por su experiencia anterior con montajes político judiciales, que ello sea utilizado en su contra en situaciones futuras de conflictos. Además, la persecución y búsqueda de comuneros con órdenes de detención, justifica para la policía la realización de allanamientos de extrema violencia con uso de fuerzas combinadas, que incluyen carabineros y civiles armados, y el empleo de balas y gases lacrimógenos afectando crecientemente a los niños, mujeres y ancianos. Los insultos de carácter racista y la tortura son práctica común al momento de la detención así como en los cuarteles y centros de detención, con aplicación deliberada de golpes en los oídos y en la zona abdominal, para no dejar huellas y obstaculizar las denuncias. A medida que se extiende la movilización por el territorio en que hoy viven los mapuche del campo y los mapuche que viven en las ciudades, el brazo represivo acoge también a los menores de edad que se manifiestan en marchas o mítines.
Pero para el gobierno de
La parafernalia del bicentenario no da cuenta de estas complejidades. Pero esa fiesta recién comienza y los invitados no son los de siempre.
A continuación, presentamos el listado de Presos Políticos Mapuche actualizado a septiembre de 2009 como parte del trabajo de
100 presos políticos y/o procesados (7 mujeres)
43 casos de prisión efectiva actual
34 casos en que se ha aplicado
16 casos de detenciones de menores de edad y/o escolares
57 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares.
3 mujeres en prisión (una con cáncer terminal) y 3 con medidas cautelares