Paulina Acevedo Menanteau / Periodista
Comunicadora en Derechos Humanos
Como todos los años, la fiebre dieciochera se apoderó del país ante un nuevo aniversario de la República, y el gobierno lo celebró en grande, con inédito y masivo show cultural en la Plaza de la Ciudadanía, bautizado como “Fiesta del bicentenario”. El festejo, que congregó a miles de personas apostadas en ambas calzadas de la Alameda, fue presentado como corte de cinta oficial e inicio de las conmemoraciones por los 200 años desde la conformación del Estado chileno.
El mismo que hoy sigue vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, y que en las últimas semanas ha intentado convencernos con supuestos actos de transparencia y otros que exhiben una aparente voluntad de considerar la opinión de estos pueblos mediante la implementación de procesos de consulta. Pero lo cierto es que el gobierno sigue negado al diálogo, sin concretizar su tan anunciado “nuevo trato” con nuestros pueblos originarios.
El primero de los gestos “simbólicos” del estado (en tierra derecha hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año), se produjo el pasado 10 de septiembre. Ese día, el ministro secretario general de la Presidencia y nuevo coordinador de la política indígena, José Antonio Viera-Gallo, anunció la existencia de más de 30 sumarios administrativos y la destitución de varios funcionarios del Programa Orígenes y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Hecho que fue presentado como un reordenamiento de estas entidades públicas, en un claro intento por bajarle el perfil, como decimos los periodistas, a situaciones que bien podrían catalogarse de escándalo e incluso llegar a constituir actos de corrupción, con importantes cifras involucradas.
Por lo mismo, la noticia se dio a conocer un 10 de septiembre, a sabiendas que los noticiarios centrales de los distintos canales dedicarían esa noche extensa cobertura al anticipo de un nuevo 11 de septiembre, pasando casi desapercibida.
“Queremos dar una señal muy clara de probidad, transparencia y de eficacia en la implementación de las políticas indígenas”, aseveró el ministro. Sin que se sepa hasta ahora, sin embargo, cuáles fueron los cargos o hechos que motivaron la remoción de estos funcionarios, ni siquiera un listado exacto de los destituidos. Ello, pese a que entre los removidos estaban el director de Tierras y el director de Administración y Finanzas de la CONADI. Y a que Incluso el propio director del organismo, Álvaro Marifil, recibió una amonestación bajo la famosa figura de la “responsabilidad política”, resultando difícil pensar que desconociera del todo las prácticas que valieron la salida a más de una decena de personas, dado que al igual que los antes mencionados tiene sus oficinas en la misma ciudad de Temuco. ¿Podemos llamar esto, transparencia activa? ¿Contribuye esta ambigüedad a distender los conflictos de tierras instalados en la Araucanía?
Cinco días más tarde, el 15 de septiembre, entró en vigencia plena en Chile el Convenio 169 de la OIT, único tratado internacional que reconoce derechos individuales y colectivos a los pueblos indígenas, y que demoró largos 17 años de tramitación en el Congreso para ser adoptado. Los gestos “simbólicos”, tampoco escasearon en este caso.
El gobierno llamó temprano a una conferencia de prensa en La Moneda, para anunciar este importante hecho y para presentar un reglamento “provisorio” que regula procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas. Un anunció emblemático, ciertamente. El problema es que el documento no fue consultado con sus principales involucrados, los pueblos indígenas, contraviniendo al propio Convenio 169. Peor aún, consultado el ministro Viera-Gallo al respecto, señaló que no tuvieron tiempo para hacerlo. Siendo lo cierto que contaron de todo un año, desde el 15 de septiembre de 2008, cuando se oficializó su depósito en la sede de la OIT, para establecer un mecanismo amplio y participativo que sujetara su contenido al parecer de los pueblos indígenas.
Cabe destacar asimismo que dicho documento –a todas luces improvisado, más que provisorio-, fue presentado “simbólicamente” junto a la representante de la OIT en Chile, Kirsten Maria Schapira-Felderhoff. Una situación compleja, pues valida un reglamento inconsulto de acuerdo a las disposiciones de un convenio del propio organismo internacional.
Finalmente, durante este mes de la patria debimos presenciar estupefactos como la justicia militar dejaba en libertad al principal involucrado en el asesinato del joven mapuche Jaime Mendoza Collio, el miembro de las fuerzas especiales del GOPE, Miguel Jara Muñoz. A pesar de que el peritaje balístico realizado por efectivos de la PDI reveló que los impactos de perdigones que tenía el casco y el chaleco antibalas del carabinero fueron realizados con posterioridad al incidente que originó el deceso del comunero en Collipulli. En palabras simples, la tesis de la emboscada planteada desde un comienzo por el Jefe de la IX Zona de Carabineros Araucanía, General Cristian Llevenes, y la evidencia por él exhibida, resultó ser un montaje. Avalada por el estado, que aún no toma sanciones administrativas contra el alto uniformado ni se hace parte en el proceso, como ha solicitado la familia y el abogado de Mendoza Collio.
Por todo lo anterior, es de esperar que el gobierno enmiende su actuar y este jueves en Ginebra, cuando tenga que responder por las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos que dejó pendientes tras su primer examen periódico universal, dé señales claras de querer avanzar hacia un bicentenario que reconozca la preexistencia y derechos de los pueblos indígenas. Aceptando las recomendaciones que le piden revisar la legislación antiterrorista y su aplicación a comunidades indígenas, en particular en contra de los mapuches; e investigar casos de detención y deportaciones de periodistas y cineastas que realizan trabajos acerca de las graves situaciones que afecta a este pueblo.
