El abogado y ex senador, Miguel Otero, planteó una serie de cambios al proyecto que sanciona el maltrato a la policía uniformada, que está siendo analizado por
Una propuesta que incluye cambios al Código Penal y trasladar ciertos delitos desde el Código de Justicia Militar al ámbito civil, presentó ante
La iniciativa, que cumple su segundo trámite, plantea que los que empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, o que impidan o intenten impedir el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
No obstante estar de acuerdo con el objetivo del proyecto,
El ex parlamentario explicó que “existen disposiciones en el Código Penal que hay que modificar. No es necesaria una ley nueva. También he agregado que hay ciertas cosas que están en el Código de Justicia Militar que deben pasar a
El profesional agregó que “hay que afrontar de una vez por todas y con criterio de Estado el terrible desconocimiento que hay hacia el respeto que debe existir frente a la autoridad civil y a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad. Aquí lo que se lesiona no es a una persona determinada, se está lesionando el orden público, se están lesionando las garantías constitucionales y esto es lo que todavía no se ha querido analizar”.
PROPUESTA COINCIDENTE
Según explicó el senador Arancibia el aporte que hizo el ex parlamentario coincide con los planteamientos hechos por
El legislador agregó que “queremos que más que un artículo puntual que diga que no se puede insultar a Carabineros, se abarque el tema de manera global para que Carabineros e Investigaciones tengan un respaldo legal sólido y aquel que agreda, ofenda o ataque, tenga una pena con muy poco espacio de maniobra para que los tribunales de justicia puedan evadir la responsabilidad de llevar adelante una medida ejemplarizadora”.
La propuesta entregada a
Agrega que como los delitos son cometidos por civiles, su conducta debe estar configurada en el Código Penal y por tanto, quedar sujetos a
Asimismo, plantea que no hay razón alguna para diferenciar actos de esta naturaleza con respecto a las autoridades civiles, pues en ambos casos son actos delictuales en contra de la autoridad pública, por lo cual debieran estar tratados en una misma disposición en el Código Penal.