Sergio Espejo, representante de la fundación Interés Público, que asesoró a los afectados, destacó que el Estado reconociera la violación de sus derechos fundamentales.
El Estado suscribió ayer un acuerdo de solución amistosa con 12 ex funcionarios de Carabineros que fueron dados de baja por una manifestación realizada en 1998 por sus cónyuges, quienes demandaban mejores sueldos para ellos.
El acuerdo fue suscrito en representación del Estado por la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco; el general subdirector de Carabineros, Gustavo González, y la directora de Derechos Humanos de 
Sergio Espejo, representante de Interés Público, fundación que asesoró legalmente a los afectados, dijo ayer que el acuerdo envía dos mensajes claros; “Los carabineros al igual que otro funcionario tienen derecho a ser evaluados por sus superiores de manera imparcial. En segundo término, las mujeres de cada funcionario no son de segunda categoría y tienen derechos a ejercer sus libertades sin estar sujetas al control de sus esposos ni de la institución a las cuales ellos pertenecen”.
MUJERES PROTESTARON
Los hechos se remontan al año 1998, cuando un grupo de 12 mujeres casadas con funcionarios de Carabineros fueron reprimidas y procesadas por la Justicia Militar luego de realizar manifestaciones públicas motivadas por los bajos sueldos de sus esposos.
La acción motivó que la institución diera de baja a los funcionarios, situación que posteriormente fue revisada en Washington por
Los afectados demandaron al Estado por violar sus derechos de garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, protección de la familia, derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial.