COMIENZA EL CIRCO MEDIATICO

El fiscal regional sur, Alejandro Peña, solicitó alzar el secreto bancario, pero la diligencia fue resistida por dos jueces del 8º Juzgado de Garantía, razón por la que el persecutor recurrió al tribunal de alzada.

En fallo unánime, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió ayer levantar el secreto bancario de cuentas vinculadas a anarquistas que habrían recibido dineros desde el exterior para ejecutar presuntos atentados explosivos.

Esta arista de la investigación comenzó después que uno de los equipos policiales que trabaja con la Fiscalía Metropolitana Sur, se enteró a través de un email de la existencia de una posible cuenta en un banco capitalino donde serían depositados los dineros desde el extranjero para realizar las operaciones.

Ante esto el fiscal regional sur, Alejandro Peña, solicitó alzar el secreto bancario, pero la diligencia fue resistida por dos jueces del 8º Juzgado de Garantía, razón por la que el persecutor recurrió al tribunal de alzada.

El miércoles pasado, el fiscal Marcos Emilfork y el abogado de esa entidad, Raúl Guzmán, llegaron hasta el tribunal para argumentar que la forma en que se obtuvo el dato era legal, para posibilitar la indagación de esa información. Los juristas justificaron su petición a raíz de que la ley que rige las actividades de inteligencia policial permite dichas indagaciones sin una autorización judicial previa.

Esto último fue ratificado por los jueces Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y Regina Clark, quienes acogieron los argumentos del fiscal y permitieron que la cuenta corriente sea indagada con mayor profundidad.

El fiscal Francisco Rojas, quien acudió al tribunal a recibir el fallo, se declaró satisfecho con la decisión, pero declinó entregar mayores detalles respecto del grupo que es indagado y el origen de los dineros.

RECURSOS A SOSPECHOSOS

La medida tomada ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago no estuvo exenta de polémica desde que se conoció la existencia del correo electrónico que informaba sobre la cuenta.

Cabe recordar que la investigación que lleva adelante el fiscal Peña es por los más de 100 atentados explosivos a instituciones bancarias, iglesias y comisarías ocurridos los últimos años y que han sido adjudicados por grupos anarquistas. Esta indagatoria permitiría saber si la ayuda financiera permite la capacidad logística para mantener lugares de acopio de material, adquirir y movilizar elementos para la fabricación de explosivos.

El Ministerio Público mantiene bajo medidas de vigilancia a 25 personas sospechosas de participar en la elaboración y colocación de artefactos explosivos y que posiblemente también fueron financiados desde el extranjero.