Los trabajadores de Gendarmería, Corporaciones de Asistencia Judicial, Servicio Nacional de Menores y Fiscalías entregaron sus demandas ante los anuncios de modificaciones en las condiciones laborales al interior del ministerio de Justicio. Además, recordaron que la ANEF mantiene vigente el llamado a un paro nacional, principalmente, en repudio por los despidos injustificados.
ANEF asevera que el gobierno debería responder en la semana a las peticiones del gremio
ANEF inicia el camino hacia un paro nacional, De la Puente: “Serán cuatro años de intensa lucha”
“Si la voluntad del Gobierno es mantener las desvinculaciones o los despidos injustificados, más los temas laborales que tiene hoy los trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF) en su conjunto con todas las asociaciones a lo largo del país va a desarrollar un plan de movilización que apuntará a un paro nacional en el mes de agosto”, aseveró un dirigente.
Bajo la amenaza de un paro nacional para agosto los trabajadores de todas las reparticiones públicas dependientes del ministerio de Justicia llegaron hasta el edificio de calle Morandé donde entregaron un amplio pliego de peticiones ante los constantes anuncios del ministro Felipe Bulnes y del Ejecutivo de realizar modificaciones en el sistema.
En este sentido, la presidenta de la Agrupación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) Alicia del Basto, señaló que la principal demanda de la repartición es el fin de los despidos, porque hasta el momento se han registrado más 70 , según ellos, injustificados, puesto que no se trataba de cargos de confianza, también solicitan la mejora en las condiciones laborales, ya que son muchos los trabajadores que están a contrata u honorarios y tampoco tienen una jubilación digna.
Por su lado, el dirigente de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial, Osvaldo Soto, dijo que ellos piden que los trabajadores estén presentes en las decisiones que se adopten para modernizar los respectivos organismos, además manifestaron su molestia cuando el ministro se refirió a las corporaciones como una “limosna jurídica”, frase que terminó por rebalsar el vaso en ese sector.
En tanto, el presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) Pedro Hernández, indicó que este es el primer paso de una serie de movilizaciones que se programarán en el sector, además, reconocieron que la orden del Presidente Piñera de mejorar las condiciones de vida de los internos es positiva, pero advierten que hoy el sistema está en crisis, lo que va a afectar a los trabajadores, y se manifestaron escépticos con los anuncios, al tiempo que destacaron que en el último tiempo se recortaron 2.600 millones de pesos al organismo y no saben cómo Gendarmería enfrentará el proceso de cambio.
La ANFUP manifestó que es reprochable que en el paquete de medidas no se contemple la situación paupérrima de trabajo en que se tienen que desempeñar los funcionarios con falta de personal y turnos inhumanos.
En este contexto, la presidenta de la Agrupación de Funcionarios de las Fiscalías, Paulina Ruiz, se sumó al pliego de peticiones indicando que se está ofreciendo de forma engañosa más funcionarios cuando hay déficit de recursos en el sector, además, reclaman por la poca estabilidad laboral, que se gráfica en que los despidos son similares a los del sector privado, pues se argumenta necesidades del servicio para manejar las desvinculaciones.
Al movimiento de funcionarios se agregan reparticiones, como el Registro Civil, todos agrupados en la ANEF, quienes anunciaron que seguirán trabajando de manera unida para poder fijar en agosto la fecha en que se realizaría el paro nacional.
Cabe recordar que el presidente de la ANEF, Raúl de La Puente, señaló que hasta hoy no existe una fecha específica para la paralización, pero sí indicó que el conflicto no se extendería más allá del próximo mes.
