LA VIDA SIGUE IGUAL

UNA LEY DE PINOCHET

PARA PERSEGUIR A LOS MAPUCHES

Por Soledad Lofredo

“En Chile les están dando muy fuerte a los estudiantes y a los mapuches”, asegura Pablo García, director de programación del canal CN23, que trabajó durante muchos años con Pascual Pichún Collonao, un joven periodista mapuche que fue encarcelado en su país de origen. Pichún Collonao fue acusado de incendiar, en 2002, un camión en la localidad de Traiguén. Ese día, una manifestación reivindicaba los derechos políticos y la recuperación de tierras mapuches usurpadas por el Estado chileno y empresarios forestales. El joven fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 12 mil dólares.

Fue en ese entonces cuando pidió refugio político en Argentina, para poder terminar de estudiar la carrera de Comunicación en la ciudad de La Plata. Pero cuando volvió a su país, después de cinco años y bajo otra identidad, los carabineros lo arrestaron sin darle mayor explicación, junto a otros mapuches. Él ya conocía la causa, y también supuso que en Buenos Aires lo habían estado vigilando. “Con Pascual trabajamos en el aporte desde los pueblos originarios para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se encargaba de los spots de radio, y administraba las páginas web para los encuentros que íbamos haciendo”, cuenta García.

En Chile sigue vigente la Ley Antiterrorista de Augusto Pinochet, aplicada en los conflictos políticos del país. Justamente, el padre y el hermano de Pascual fueron condenados de la misma forma. Los organismos de derechos humanos la denunciaron por considerarla “una herramienta de persecución y represión que ha elevado a más de 70 el número de detenidos mapuches”. Esta ley permite que sean los tribunales militares quienes juzguen a civiles. Hay presentación de testigos con identidad oculta, encapuchados, no hay traducción al idioma originario, hay libre disposición al Poder Ejecutivo. Es la misma ley por la que estuvo presa la ex presidente Michelle Bachelet.

Esta ley también viola abiertamente la independencia e imparcialidad requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. A la vez que desconoce otros instrumentos jurídicos que amparan los derechos de los pueblos originarios en el ámbito internacional, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Justamente, un relator especial de la Comisión de DD.HH. de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, se pronunció sobre esta situación e instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de otros contextos, como el terrorismo, “a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

Mientras que el informe 2010 de la Comisión Ética Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el último miércoles en una oficina de La Moneda, sostiene que “la represión –tortura incluida se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”.

Jorge Castro es amigo y fue el primer docente universitario de Pascual. Él pudo explicar a fondo cómo era su vida y lucha. “La familia pertenece a Temuco, a 670 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Una zona bosquera, donde hay gran cantidad de montes, el terreno más propicio para que las multinacionales dedicadas a la actividad maderera quieran instalarse para explotar al máximo los bosques pertenecientes a las tierras mapuches. A partir del ’80, el padre de Pascual empieza a pelear contra el desmonte de esas tierras, para conservar las tierras en manos de los pueblos originarios. De las 2.000 hectáreas que tenían los mapuches, solamente le dejaron siete.

Castro aseguró que Pascual comenzó a tomar notoriedad en 2001. “Ese año su padre es juzgado y encarcelado por amenaza e incendio. Es enjuiciado y condenado a cinco años. A partir de ahí Pascual, junto a su hermano Rafael, se hacen cargo de su familia, su realidad, y siguen con la lucha que había comenzado su padre hace años en defensa de sus tierras y de sus bosques”, relató Castro en una entrevista.

En 2004 Pascual y su hermano fueron acusados de incendiar una de las maquinarias que utilizaban para desmontar los bosques que pertenecían a las tierras mapuches. En ese momento Pascual y su hermano lo negaron. Fueron a juicio. “El chofer y el empleado de la estación de servicio en rueda de identificación no pudieron identificarlos. A los seis meses se hizo nuevamente el juicio, y sorpresivamente, estas dos personas que no habían podido reconocerlos, ahora, de repente, recuperaron la memoria y los reconocieron y los acusaron de haber sido los culpables del ilícito. Indignados por la impunidad con la que se manejaron, Pascual y su hermano Rafael subieron a la montaña, escapándose de la policía chilena.

Pasaron varios días en los montes y deciden hacer dos caminos diferentes. Rafa, debido a que tenía una familia, con una hija muy pequeña, se volvió y se entregó a la policía”, agregó Castro. Fue condenado a cinco años de prisión, pero salió en libertad condicional en dos años. Pascual, con apenas 19 años, decidió cruzar la Cordillera de los Andes y venirse a la Argentina, a la provincia de Neuquén. El camión incendiado por el que está acusado Pascual fue directo a la estancia de los Figueroa, una familia aristocrática poseedora de muchas tierras en el sur chileno. La particularidad es que muchas de estas tierras tienen puestos de carabineros.

“A ellos los condenaron sin muchas pruebas. El sur de Chile es bastante complejo, por las invasiones a las comunidades mapuches. Todo siempre resulta atroz y violento”, sostiene García. El caso de Alex Lemun es el más conocido: el chico de 17 años fue asesinado en 2002 por un carabinero durante un acto de protesta pacifica junto a miembros de su comunidad. Reclamaban la restitución de sus tierras usurpadas por la empresa Forestal Mininco. El policía, a pesar de reconocer su delito, no fue castigado.

También es conocido que uno de los hijos de los Figueroa fue educado en Alemania oriental. “Lo tenés que ver al tipo comiendo en la mesa, gritando que a él no le van a robar las tierras, que es un terrateniente, que a él le costó mucho conseguir todo eso. Es muy raro cómo manejan el tema con los pueblos indígenas”, dice García. Judicialmente, Pascual fue considerado prófugo de la Justicia chilena desde 2003, el mismo día en que fue condenado junto a su hermano Rafael. La única conexión que se le pudo establecer con el camión maderero es que fue incendiado cerca de la localidad en donde vivía con su familia.

(*) Miradas al Sur.

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE