Los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más, en la obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de sus tierras ancestral es, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.
En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.
En segundo lugar, los mapuches son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de "pruebas" incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Ramírez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.
Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en tomo a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativo s muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.
Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.
