Por: Cristóbal Cornejo/El Ciudadano
8 de los 10 detenidos el pasado 14 se agosto, en el marco de la investigación del Fiscal Peña por el llamado “caso bombas”, adhirieron a la movilización que cerca de 40 internos de
Se trata de la totalidad de los hombres imputados por
En una carta dirigida a Luis Masferrer, director nacional de Gendarmería, los internos movilizados señalan que “la gran mayoría” de quienes habitan esta Sección por lapso de “10 meses o incluso más”, están alterados “física y psicológicamente, transformándose en un castigo externo a nuestra condena”.
Los presos detallan algunos antecedentes de esta situación: 22 horas de encierro en celdas individuales que sólo tienen un televisor (lo que ha gatillado intentos de suicido); visitas por locutorio o por escasas horas en espacios reducidos; imposibilidad de relaciones conyugales; allanamientos vejatorios a familiares (que contradicen el artículo 54 del reglamento de Gendarmería); alimentación carente de calorías y proteínas suficientes, sumado a la prohibición del ingreso de alimentos a los familiares, y nula oportunidad de acceder a estudios o áreas laborales que permitan elaborar herramientas par la reinserción social.
Por estas situaciones, los internos exigen una mesa de negociación que aborde tres áreas, con varias peticiones en específico, que mejoren su vida al interior del penal, el trato a sus familiares y traslado del interno que haya cumplido seis meses en
Sin embargo, los internos de esta Sección señalan que esto no se cumple, debido a la sobrepoblación carcelaria, lo que implica la estadía de presos que no responden a estos criterios y a los que, por tanto, se les asignan beneficios distintos.