En solidaridad con los procesados por el caso bombas, un grupo de anarquistas se tomaron en horas de la mañana de este lunes la embajada chilena en Grecia.
Según informaron medios locales fueron unas 30 personas las que participaron en la actividad de solidaridad con los 15 jóvenes mantenidos en prisión desde hace 7 meses sin haberse aún realizado un juicio.
Un grupo de los procesados se declaró hace algunas semanas en huelga de hambre para exigir prontitud en el proceso, el que ha sido alargado por insistencias del fiscal, Alejandro Peña, quien en cada formalización ha pedido ampliar el plazo de la investigación.
Carmen Ibáñez, embajadora en Atenas, contó a 24 Horas que la toma se produjo este lunes a las 10:20 de la mañana (4:20 de la madrugada en Chile). La diplomática al momento de ocurrir la acción, no estaba en la embajada.
Por estos días los 33 mineros rescatados en Atacama se encuentran en Grecia.
Al momento de abandonar la embajada, los manifestantes dejaron un papel donde piden solidaridad con “los compañeros en huelga de hambre en Chile por el Caso Bombas”.
El viernes pasado el Octavo Juzgado de Garantía ordenó el cierre del proceso, luego de cinco años de indagatorias. Esto implica que la Fiscalía tiene 10 días para presentar la acusación formal de los imputados, con lo que se iniciará el juicio oral.
La decisión del juzgado es un traspié para el equipo dirigido por el fiscal Alejandro Peña, los que pretendían extender la investigación por seis meses más, a pesar de la fragilidad de las pruebas en contra de los imputados, y con nuevas bombas de ruido estallando en Santiago y otras ciudades.
Juan Escobar, juez de la causa sentenció que “existía un plazo prudente, superior al estimado por la ley de dos años. Todo imputado tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y rápido, más aún si se encuentra en privación de libertad”.
Los abogados defensores pidieron el cierre de la investigación, argumentando que 5 años más 6 meses era tiempo suficiente para las pericias, las que a juicio de la Fiscalía aún son insuficientes.
El plazo investigativo venció el 14 de febrero y varias de las pericias que la parte querellante tiene pendiente fueron solicitadas posteriormente a esa fecha (15 de febrero, 2 de abril), por tanto no correspondería esperarlas porque serían residuos investigativos y no antecedentes relevantes.
La investigación data de 2006, cuando estaba en manos del fiscal Xavier Armendáriz. A principios de 2010 quedó en manos del fiscal Regional Sur, Alejandro Peña, luego que se criticara que no había avances. Armendáriz se defendió explicando que la informalidad de los grupos que colocaban los explosivos hacía prácticamente imposible su identificación y detención.
Sin embargo, en agosto del año pasado usando pruebas como la existencia de extintores para argumentar la confección de bombas, Peña ordenó la captura de los 15 imputados y los acusó de conformar una asociación ilícita terrorista que estaría tras la serie de estallidos en Santiago desde hace tres años.
Diez detenidos han permanecido en prisión preventiva todo este tiempo y desde hace 33 días mantienen una huelga de hambre en protesta por el tiempo transcurrido sin tener un juicio oral.