A través de la historia, los mapuches han sido discriminados y violentados en sus derechos. Ello se ha manifestado en todo orden de cosas: fueron empujados a vivir en reducciones para que sus tierras ancestrales fueran ocupadas por colonos extranjeros, su organización política y social fue desconocida y pulverizada, su lengua ignorada, sus creencias caricaturizadas, sus costumbres adjetivadas como bárbaras. La discriminación de que han sido objeto no sólo está acreditada en infinitos testimonios que se repiten a lo largo del tiempo sino también en los datos duros sobre pobreza, esperanza de vida, escolaridad, acceso a servicios básicos, entre otros que inexorablemente muestran una situación más precaria para ellos que para el resto de los chilenos
En el ámbito de la Justicia, las condenas recientemente dictadas por el Tribunal de Cañete contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche son un ejemplo más de discriminación. El contraste con otras decisiones de la justicia en el marco del conflicto de la Araucanía es evidente: el carabinero que mató de un tiro por la espalda al comunero Matías Catrileo recibe una condena de tres años de pena remitida mientras que Lleitul recibe 25 años de cárcel por delitos que no se consumaron.
Es necesario reflexionar sobre el contexto: la creciente toma de conciencia de sus derechos por parte de nuevas generaciones de líderes mapuche y las dificultades que enfrentan los Gobiernos para entregar soluciones efectivas y realizar un diálogo político a fondo y de buena fe por ambas partes, ha llevado a procesos de radicalización con consecuencias lamentables. Los móviles de los hechos de violencia que se juzgan no son los de los delitos comunes, sino los de quienes consideran que están luchando y defendiendo sus derechos.
En las condenas contra Lleitul y sus compañeros se ha ignorado el contexto y no se ha buscado hacer justicia castigando con penas proporcionales al daño causado, sino imponer una sanción ejemplar que busca advertir a los miembros de las comunidades indígenas sobre las consecuencias de su lucha.
Lo más aberrante del caso, sin embargo, es que la mayoría del Tribunal aceptó las pruebas de la Fiscalía obtenidas utilizando las facilidades procesales que le otorga la ley antiterrorista (testigos secretos especialmente), en circunstancias que el propio Tribunal de Cañete absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita terrorista y el Gobierno se desistió de la invocación a la ley antiterrorista afirmando no tener convicción sobre si los hechos investigados revestían tal carácter. En otras palabras, a pesar de no ser terroristas, se les juzgó y condenó como terroristas, violando su derecho a un debido proceso.
Uno de los jueces del Tribunal de Cañete, consciente de este vicio procesal, se manifestó por absolver a los acusados de todos los cargos ya que los testimonios presentados por la Fiscalía no son aceptables en un juicio penal ordinario.
Se ha anunciado que la defensa de los condenados va a recurrir a la Corte Suprema pidiendo la nulidad de este juicio. Queremos solidarizar con Lleitul y sus compañeros ejerciendo nuestro derecho a petición ante el máximo tribunal del país: exigimos un juicio justo para Lleitul.