Ya han transcurrido cuatro semanas desde que Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical iniciaron una huelga de hambre exigiendo que se realice un nuevo proceso judicial, que no se ampare en la Ley Antiterrorista, a diferencia del juicio que los condenó a 25 y 20 años de presidio efectivo por delitos asociados a la presunta participación en el atentado el fiscal Mario Elgueta el año 2008.
Los cuatro dirigentes participaron también de la extensa huelga de hambre de 2010, por lo que se encuentran en un delicado estado de salud y, a la fecha, ya han bajado en promedio la totalidad del peso que perdieron en la anterior movilización.
Frente a esto, el padre Fernando Díaz, de la Pastoral Indígena, organización religiosa que medió en el anterior conflicto, criticó la inactividad del Gobierno, que le delega a otras organizaciones la función de facilitar el diálogo y abrir paso a las soluciones: “En Chile pareciera que no hay justicia si es que no se recurre a temas tan extremos como la huelga de hambre. Y lo peor es que, al final, termina interviniendo la Iglesia, dado que el Estado no está siendo capaz de responder adecuadamente a estos problemas. Eso nos parece grave, ya que lo que están demandando ellos tienen causas reales y fundadas para apelar a que hay vicios de fondo en el juicio. Y no hay ninguna respuesta del Estado, que omite, se silencia. Falta seriedad y respeto a los derechos básicos de las personas, una vez más”.
El religioso añadió que lo que les parece más grave es la debilidad de nuestra institucionalidad, que no opera sino hasta cuando intervienen otros organismos o son fuertemente presionados.
Esta intensa crítica fue compartida por el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, quien advirtió que el Estado chileno no ha comprendido la natural configuración de luchadores sociales de la etnia mapuche, con quienes ha adoptado una posición de castigo y persecución policial.
“Es una demostración del fracaso del Estado de derecho de Chile para resolver los problemas de los pueblos originarios. El fracaso de todos los chilenos por integrar a una comunidad respetuosa, solidaria, democrática, como se supone que lo fuéramos, a los pueblos originarios, concretamente al pueblo mapuche. El Estado de Chile no ha encontrado nada mejor que castigarlos, generando respecto de ellos una discriminación cultural muy alta, al señalarlos como terroristas”.
El abogado catalogó de “héroes” a los cuatro comuneros que se están sacrificando para que Chile comprenda sus deberes internacionales, respete los mecanismos a los que él mismo ha adscrito y avance en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y su autonomía.
Por su parte, el comunicador mapuche Sergio Millamán puso énfasis en el tratamiento que los principales medios de comunicación del país dan al denominado “conflicto mapuche”. Según indicó, nuevamente están acallando la huelga, como lo hicieron en 2010, cuando sólo se supo de la movilización a partir del día 40: “Los medios de comunicación masivos, la TV, solo se preocupan del pueblo mapuche y de sus movilizaciones cuando tienen la oportunidad de criminalizarlos, de inculparlos de supuestos delitos terroristas. Pero cuando tienen la oportunidad de dar a conocer las demandas de fondo y situaciones de injusticia que vive el pueblo mapuche, buscan censurar estas movilizaciones, acallar esta realidad, ocultarla. Lo que sin duda es un reflejo de la falta de democracia que hay en este país”.
Millamán emplazó a las autoridades a comenzar un real proceso de diálogo con los comuneros, donde se adopten compromisos que realmente tengan impacto en los temas fundamentales para el pueblo mapuche: el reconocimiento territorial, de sus derechos políticos y su capacidad de autodeterminación.