La movilización de miles de estudiantes universitarios ha dado nuevamente visibilidad a la crisis en la educación superior pública. Las justas demandas de los jóvenes merecen la atención del Gobierno, que hasta ahora sólo responde con represión a los requerimientos de los jóvenes.
Desde el Ministerio de Educación se ha señalado que la autoridad priorizó el año pasado por la educación básica y media y que ahora habrá una agenda para los temas de la enseñanza universitaria. Sin embargo, no se advierte una disposición real de diálogo para hacerse cargo de manera efectiva de las demandas de los estudiantes.
Diariamente, vemos al ministro de Educación, Joaquín Lavín, hablando en televisión de conflictos puntuales que se registran en establecimientos educacionales: el desalojo de una escuela por no pago de arriendo, la demanda de un grupo de apoderados u otras situaciones específicas, que ofrecen al ministro la posibilidad de aparecer resolviendo problemas.
Sin embargo, el Ministerio ha esperado más de un año sin definir como enfrentar la crisis de las universidades públicas, un verdadero problema país. Para eso, no ha habido tiempo.
El actual sistema universitario discrimina a los estudiantes por su situación socioeconómica.
Son muchos los jóvenes que ingresan al sistema y luego se ven obligados a desertar por falta de recursos, ya que los apoyos vía becas o créditos universitarios son claramente insuficientes y discriminadores.
El problema de la educación superior se arrastra desde los años 80, cuando se dictó la Ley General de Universidades de la Dictadura.
Si bien hubo un proceso de democratización del país y en las universidades, sigue habiendo aspectos esenciales del sistema que se mantienen y que no se cambiaron durante los gobiernos de la Concertación.
La crisis alcanzó ahora una profundidad que hacen indispensable que las autoridades se hagan cargo.
La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) ha hecho una propuesta de fortalecimiento del Sistema Público de Educación Superior, que incluye la urgente necesidad del incremento en el financiamiento público.
Asimismo, los estudiantes sostienen que hay que hacerse cargo de la democratización en el acceso y de la gestión de las universidades.
Como senador, apoyo todos los cambios para el fortalecimiento real de un sistema público de educación frente al indiscriminado crecimiento y entrega de recursos estatales a las universidades privadas.
Un sistema justo y equitativo debe garantizar el ingreso y permanencia en las universidades de los estudiantes de más bajos ingresos, cuyo financiamiento estatal debe asegurar el derecho a la educación superior y no cimentarse en el endeudamiento de las familias.
Los dirigentes de la CONFECH han señalado que la deserción de la universidad de los jóvenes más pobres llega a un 65 %, con la consiguiente pérdida de valioso capital humano y el aumento de la frustración en un importante sector social.
Lo que no debe ocurrir es que la única respuesta conocida de la autoridad sea la represión al movimiento estudiantil.
El control del tema lo ha tomado el Ministerio del Interior, con su ya conocida política de criminalizar los conflictos sociales. Muchos medios de comunicación contribuyen a una visión sesgada del tema, al difundir sólo las acciones de unos pocos jóvenes que provocan destrozos y no de los miles y miles que se manifiestan por sus derechos.
En los últimos días nuestra juventud ha experimentado la represión tanto en las manifestaciones estudiantiles como en los actos contra HidroAysén.
Así, en vez de escucharse las propuestas y sentarse a conversar, se les ofrece represión. La estudiante de la Universidad de Concepción Paulina Rubilar bien sabe de eso, puesto que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo.
Esta situación se la plantearon al director general de Carabineros, Eduardo Gordon, los principales dirigentes de FEUC y de la FECH y dirigentes de las juventudes políticas.
La impresión que deja ver es que la policía recibe instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de las Intendencias de actuar con dureza contra los manifestantes.
No es bueno para Chile que la respuesta a la demandas de los jóvenes sea la represión, y las autoridades competentes no los escuchen.
Es necesario ahora que el país se haga cargo de una profunda reforma al sistema universitario, que garantice el derecho a la educación para todos los jóvenes.