Cuando algunos usuarios de las llamadas redes sociales sostienen que es irrelevante la decisión de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (SECOM) de habilitar un sistema de monitoreo y vigilancia permanente de los comentarios que se emiten sobre el Gobierno en las redes sociales, cabe preguntarse si se entiende lo que está de por medio.
Aunque es cierto que entre twiteros y usuarios de facebook la alarma tardó en prender, la discusión concierne a todos los interesados en el debate público democrático. Porque finalmente lo que está en juego es una forma de ejercicio del derecho a la opinión.
Grados más, grados menos, todos creemos que el gran hermano nos mira y que las mismas tecnologías que nos permiten infinitas formas de intercambio y de construcción de espacio público se usan para vigilar lo que hacemos, decimos y publicamos. Pero a pesar de eso el fundamento de la promesa de las llamadas redes sociales es la libre circulación y vinculación entre ciudadanos. En ese contexto, la declaración del asesor del gobierno de Piñera, Pablo Matamoros sobre la responsabilidad gubernamental de escuchar lo que sucede en las redes digitales debe estimular el debate.
Por otra parte llama la atención que las autoridades opten por difundir la iniciativa. El detonante del escándalo fue la nota de la revista Qué Pasa sobre el concurso público que se abrió en marzo pasado. La nota señala que la licitación fue adjudicada a la empresa Brandmetric, “que ofreció -entre otros elementos- un sistema de localización geográfica, una “línea de tiempo” para ver cómo se propagan los temas en las redes sociales y un sistema de almacenamiento de la información 'en la nube', o sea se trata de un seguimiento de IDEAS publicadas en las redes, que conforman uso de espacio público comunicacional que con esta medida pasan a constituir un archivo gubernamental de datos, autores y opiniones.
Lo que la autoridad está diciendo es que necesita una operación de inteligencia muy costosa para “escuchar" a la ciudadanía y eso tiene ribetes más graves si pensamos que las llamadas redes sociales no son sólo espacios de conversación e intercambio también son espacios de organización y de acción pública.
Y si bien todos coincidimos en que es deber de las autoridades escuchar a la gente, la cobertura mediática sobre esta medida, que en otros tiempos habría sido un secreto de Estado, intenta tener un efecto que resulta llamativo. Se trata de intimidar y nadie puede negarlo. Pero es una desinteligencia, porque trata de armar un marco de restricción para la libertad de opinión.
Fuera de Chile, la noticia se relacionó con la preocupación de Piñera ante la ola de movilizaciones ciudadanas que ha tenido que aguantar el gobierno. Algunos medios internacionales dieron cuenta de que el grupo de hacker Anonymous anunció un ataque cibernético en contra el gobierno chileno.
El mensaje de Anonymous es categórico: “Estos medios que son, y deberán seguir siendo, utilizados para la libre expresión de la gente no pueden ser usados para censurar, manipular o intimidar”, afirman en su comunicad.
Pero como siempre entre nosotros la cuestión de valores básicos de respeto a la autonomía de los ciudadanos respecto al Estado son relativizadas y sacadas del centro de la discusión. Están quienes creen que en la era digital vigilar la opinión ciudadana es una responsabilidad del Estado, y quienes creen que es una medida inocua para saber que piensa el vulgo y que cargarle otro sentido es paranoia.
Para evaluar la medida hay que tener claro que una cosa es hablarle al gobierno, otra hablar del gobierno, y otra es tener que aceptar la oreja del gobierno sobre lo que decimos y escribimos. La cuestión no es irrelevante. Lo del acopio de la información es lo que hace ruido porque vulnera el derecho a la privacidad de quienes opinan en estas nuevas plazas públicas.
Puede parecer delirio de persecución pero relativizar el sentido que tiene la vigilancia del poder como implícita limitación al debate público equivale a no entender la naturaleza de la tutela del Estado en materia de libertad de expresión, e implica renunciar a preguntarse por qué se contrata un servicio que podría llenar cualquier asesor o grupo de manejo de crisis con un buen buscador.
Más allá de las interpretaciones, la medida vulnera la idea de una Internet libre y sin censura, accesible como parte del derecho ciudadano a soportes y medios que hagan realizable la libertad de expresión.
No se trata de decir "si el gobierno te monitorea, monitorea al gobierno". Nosotros creemos que todas las prácticas de control y limitación del debate ciudadano implican una limitación del derecho a la comunicación, un derecho humano fundamental.
Lo decimos, lo firmamos, lo publicamos, lo twiteamos y lo chateamos.