En el marco del debate parlamentario acerca de la Ley de Resguardo del Orden Público, también conocida como “Ley Antitomas”, Amnistía Internacional insta a las autoridades a que la discusión de este proyecto y el texto final se ajuste plenamente a la normativa internacional de derechos humanos. Chile ha ratificado los principales tratados de derechos humanos, por lo que tiene la obligación a nivel internacional e interno de respetar los derechos humanos, y en particular el derecho a celebrar reuniones o manifestaciones pacíficas. Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por los efectos que esta ley podría tener de aprobarse su texto tal y como está actualmente, en cuanto a un aumento de la criminalización de la protesta social. “La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto de la “Ley Antitomas” en su actual redacción podría dar pie a sanciones criminales que quedarían amparadas por esta ley pese a ser contrario a los derechos humanos”, señala Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile. Es de particular preocupación la modificación al artículo 269 del Código Penal, donde el concepto de “desorden” no se define claramente y algunas de las conductas punibles que se enumeran en esta norma podrían tener una aplicación muy amplia. “La falta de claridad de dicha conducta puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación, lo que en vez de hacernos avanzar como país nos hace retroceder en el tiempo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales”, menciona Ana Piquer. Otro aspecto preocupante de la propuesta es el apartado dirigido a las personas que convoquen las manifestaciones. Según el texto actual, no sólo se les aplicará una pena excesivamente alta por llamar a un acto que pueda convertirse en desorden, sino que además se les sancionará por un suceso difícil de refutar, cual es que los responsables de convocar hayan previsto los hechos de violencia. Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas del Estado tienen la obligación de resguardar el orden público. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo, en todo momento, las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a manifestarse solamente puede verse limitado para velar por la protección de la seguridad nacional, el orden público o para la protección de los derechos y libertades de terceros. Por ello, con respecto a la aprobación de la “Ley Antitomas”, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que aseguren que la redacción de la ley y de la tipificación de los delitos sea clara, específica y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos para evitar posibles arbitrariedades en su interpretación y aplicación. Asimismo, para que aseguren el pleno respeto al derecho a la libertad de expresión, asamblea y asociación.