Grupo denominado Caravana contra la Impunidad es integrado por familiares de víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, se entrevistó con representantes de la comitiva de 23 ciudadanos peruanos que se trasladaron a Santiago pedir agilizar la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, denominada Caravana contra la Impunidad.
La portavoz del movimiento, Gisela Ortiz, y el abogado Hugo Gutiérrez fueron recibidos por la máxima autoridad del Poder Judicial para analizar el proceso judicial que enfrenta en los tribunales chilenos el otrora gobernante por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Al término del encuentro, Tapia indicó que una vez que se conozca el fallo del ministro instructor del proceso, Orlando Álvarez, al máximo tribunal podría tomarle entre uno a dos meses revisar la sentencia y dejarla a firme.
En ese sentido, señaló que el canal más expedito para conocer el estado de la causa es que se reúnan con el propio Álvarez, con quien los activistas ya gestionaron un encuentro para la jornada de jueves.
En tanto, Pedro Vega, dirigente de la "Caravana contra la impunidad", dijo que los familiares de las víctimas temen que la justicia chilena falle en contra de la extradición y consideraron "una mala señal" la libertad provisional otorgada a Fujimori.
"Fujimori debe ser enviado al Perú para que sea enjuiciado por los crímenes cometidos. Una mala señal fue que le dieran la libertad provisional pese a su ingreso irregular a Chile, a todo eso se suma que sigue gozando de ciertos privilegios", afirmó Vega.
Agregó que la comunidad internacional "está atenta" a lo que resuelva la justicia chilena.
Además de las reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil, la Caravana contra la Impunidad protestará en la residencia de Fujimori, en la comuna de Las Condes, los tribunales y el Palacio de La Moneda.
Asimismo, participará en encuentros con estudiantes de las universidades de Chile, Tecnológica Metropolitana, Andrés Bello, Academia de Humanismo Cristiano y Diego Portales.
La "Caravana contra la impunidad" tiene el respaldo de la sección chilena de Amnistía Internacional
El grupo lo integran familiares de víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, quienes vivieron este lunes varios inconvenientes en el paso fronterizo Chacalluta, donde se les requisaron trípticos y afiches.
Los activistas pudieron recuperar los afiches y trípticos que les habían sido requisados, tras pagar un derecho de importación de 27.000 pesos.
En opinión de Gisela Ortiz, el cobro "fue injusto, aunque pagamos el mínimo, porque nuestra propaganda es para repartirla en las manifestaciones y no para venderla, como la calificó la Aduana".