También solicitaron restituir la facultad de querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las violaciones a los derechos humanos.
En medio de la polémica que se ha generado entorno a las modificaron introducidas a ciertos artículos del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, el Gobierno se reunió con abogados del Fasic con el objeto de recoger opiniones e informarles del estado de avance de la iniciativa en el Congreso.
Los abogados Verónica Reyna, Nelson Caucoto y Alberto Espinoza, junto a Alfonso Baeza y Claudio González, presidente y secretario Ejecutivo de Fasic, respectivamente, se reunieron con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y su subsecretario, Edgardo Riveros.
En la oportunidad, pidieron mantener el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ya que a juicio de los abogados se ha demostrado la eficaz colaboración de esta instancia a la justicia, sobre todo en materia de detenidos desaparecidos.
Otro de los puntos relevantes fue solicitar que se restituya al instituto la facultad de querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las violaciones a los derechos humanos que se registren en el futuro, sin ningún tipo de restricción.
Del mismo modo, consideraron que existe una omisión en el proyecto respecto de los antecedentes que se reúnan en las comisiones Valech y Rettig para iniciar los sumarios criminales que correspondan.
Según explico el abogado Nelson Caucoto, el Instituto tal y como está redactado “no tendría tribunales del sistema antiguo que conocieran el cúmulo de antecedentes reunidos por esas comisiones y que impliquen la investigación de crímenes imprescriptibles. Esto por la reducción de los juzgados del crimen. En Santiago quedan solo 6 y ya se ha anunciado el cierre de todos en el futuro”. (..) No habría tribunal que conociera de estas denuncias, lo que afectaría gravemente el derecho a la justicia que asiste a las victimas".
Asimismo, el Fasic planteó la necesidad de que se restituya la institución de jueces con dedicación exclusiva para los casos de violaciones de DDHH registrados en dictadura. Experiencia que, afirmaron, fue exitosa cuando se implementó. FASIC pide continuidad de Programa de DDHH tras creación de instituto
También solicitaron restituir la facultad de querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las violaciones a los derechos humanos.
En medio de la polémica que se ha generado entorno a las modificaron introducidas a ciertos artículos del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, el Gobierno se reunió con abogados del Fasic con el objeto de recoger opiniones e informarles del estado de avance de la iniciativa en el Congreso.
Los abogados Verónica Reyna, Nelson Caucoto y Alberto Espinoza, junto a Alfonso Baeza y Claudio González, presidente y secretario Ejecutivo de Fasic, respectivamente, se reunieron con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y su subsecretario, Edgardo Riveros.
En la oportunidad, pidieron mantener el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ya que a juicio de los abogados se ha demostrado la eficaz colaboración de esta instancia a la justicia, sobre todo en materia de detenidos desaparecidos.
Otro de los puntos relevantes fue solicitar que se restituya al instituto la facultad de querellarse y deducir acciones criminales ante los tribunales de justicia por las violaciones a los derechos humanos que se registren en el futuro, sin ningún tipo de restricción.
Del mismo modo, consideraron que existe una omisión en el proyecto respecto de los antecedentes que se reúnan en las comisiones Valech y Rettig para iniciar los sumarios criminales que correspondan.
Según explico el abogado Nelson Caucoto, el Instituto tal y como está redactado “no tendría tribunales del sistema antiguo que conocieran el cúmulo de antecedentes reunidos por esas comisiones y que impliquen la investigación de crímenes imprescriptibles. Esto por la reducción de los juzgados del crimen. En Santiago quedan solo 6 y ya se ha anunciado el cierre de todos en el futuro”. (..) No habría tribunal que conociera de estas denuncias, lo que afectaría gravemente el derecho a la justicia que asiste a las victimas".
Asimismo, el Fasic planteó la necesidad de que se restituya la institución de jueces con dedicación exclusiva para los casos de violaciones de DDHH registrados en dictadura. Experiencia que, afirmaron, fue exitosa cuando se implementó.