Fuente: Iván Gutiérrez Lozano/ Crónica Digital
La Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial cuestionó al Ministerio del Interior y a la Policía de Investigaciones, por la ilegalidad de los procedimientos utilizados para la expulsión de extranjeros, en su gran mayoría de naciones fronterizas.
Crónica Digital pudo constatar en un amparo presentado este viernes, ante el 3º Juzgado de Garantía de Santiago, los abusos que comete el Estado de Chile respecto de ciertos extranjeros cuando son expulsados del país.
Abogados de Derechos Humanos cuestionaron las detenciones realizadas por la Policía de Investigaciones que sin ninguna orden judicial o administrativa priva de la libertad a ciudadanos de naciones como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que mayoritariamente viven en Chile.
Al ser consultado sobre los individuos detenidos por la policía, y a instancias del Ministerio del Interior, que en su gran mayoría son emigrantes pobres y algunos casos imputados, Rubén Jerez señaló que “mientras ,en agosto último, se dejó en libertad a un marino de la armada norteamericana, al día siguiente de ser sorprendido con una menor en Valparaíso, a personas inocentes, como la ciudadana peruana Reyna Limaco Espilco, se le detiene en su condición vulnerable de inmigrante de escasos recursos y de ascendencia indígena”.
“En todos los casos, la oficina de derechos humanos, hace incapié que la norma esgrimida por el Ministerio del Interior, es un decreto ley dictado en 1975, por la Dictadura Militar y que por provenir de un gobierno de facto está derogada, y en consecuencia, no tiene consagración constitucional alguna”, subrayó el letrado Rubén Jerez a este medio.
En tanto, los abogados del Ministerio del Interior y de la Policía de Investigaciones reconocieron ante el tribunal que los decretos de expulsión no mencionan ni contienen facultades para detener a los extranjeros, pero esta potestad debe entenderse implícitamente a partir de la aplicación de los respectivos reglamentos.
Académicos consultados por Crónica Digital, sostuvieron que los reglamentos no son idóneos para restringir las libertades públicas. No son equiparables a la ley ni menos pueden estar sobre la Constitución y los tratados internacionales, suscritos por Chile, en materias de derechos humanos.
En ese contexto, respaldaron la posición de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, que sostiene que sólo la ley puede justificar la detención de una persona y no un simple reglamento, más aún, cuando el afectado no ha tenido acceso oportuno al respectivo expediente administrativo para defenderse adecuadamente.
El origen de esta disputa, entre los juristas humanitarios con el Ministerio del Interior y la Policía Civil, son las detenciones extrajudiciales, al margen de las mínimas garantías del debido proceso, y que mantienen ilegalmente privados de libertad, y durante muchos días, a ciudadanos extranjeros en el cuartel Borgoño, conocido durante la dictadura de Pinochet, como centro de torturas y desapariciones de opositores al régimen.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, criticaron el accionar policial y político del gobierno, señalando que denunciarán estos abusos contra los emigrantes a instancias internacionales.
