DDHH: CDE RESUELVE HACERSE PARTE EN CASO ANFRUNS

Luego de analizar los antecedentes sobre la eventual participación de agentes del Estado en el crimen, el consejo resolvió designar un abogado.

En abril pasado, la corte reabrió la investigación por la muerte del menor Rodrigo Anfruns Papi, ocurrida en junio de 1979.

En su habitual sesión de los martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió hacerse parte de la investigación por el secuestro y homicidio del menor Rodrigo Anfruns Papi, de seis años, ocurrido en junio de 1979. Y, para representar al fisco en este caso, se designó al abogado Estanislao Dufey.

La decisión se tomó luego que el ministro instructor de la causa, Manuel Valderrama, remitiera un oficio al consejo con la resolución de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 1 de abril último, que ordenó la reapertura de la investigación.

En el fallo, el tribunal de alzada capitalino reseña que hay antecedentes en la indagatoria que hacen presumir que pudo haber participación de agentes del Estado en el crimen del menor y que, consecuentemente, la entidad fiscal debe analizar su eventual intervención en virtud de su ley orgánica.

En el dictamen la sala expresa que “en atención a las funciones que establece el artículo 3°, número 5, del DFL Nº 1, de 28 de julio de 1993, del Ministerio de Hacienda, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, modificado por la Ley N° 19.806, publicada en el Diario Oficial de 31 de mayo de 2002 y que señala que dentro de sus funciones estará la siguiente: ‘5.- Ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado.’ Ofíciese al señor presidente del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se resuelva la posible intervención de esa entidad de defensa estatal, en estos autos (indagatoria)”.

En esa resolución, la corte además dispuso una ronda de interrogatorios a ex miembros de organismos represivos del régimen militar y la apertura de un proceso por el delito de asociación ilícita.

Antes de ser inhabilitado temporalmente (a raíz de una implicancia presentada en su contra por la familia del menor), el juez Valderrama realizó todas las diligencias ordenadas por la corte.

Entre ellas estaba tomar declaración ex director de Inteligencia Nacional (DINA), general (R) Manuel Contreras, quien se encuentra cumpliendo condenas por violaciones de los derechos humanos en el penal Cordillera.

También fueron interrogados los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), mayores (R) Carlos Herrera Jiménez y Álvaro Corbalán y el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (R) Raúl Iturriaga, quienes permanecen recluidos en Punta Peuco por la comisión de delitos de lesa humanidad.