EL ENFOQUE REPRESIVO Y RACISTA DE LA JUSTICIA ESTATAL CHILENA HACE AGUA

*Por: Dr. José Venturelli

La noticia de Radio Bio-Bio y divulgada por la organización Kilapan es muy decidora. Tres casos de presos políticos mapuche han sido liberados por falta de evidencia. Esta y la noticia de incompetencia repetida y conveniente como es el caso del fiscal del Ministerio Publico de Victoria, Héctor Leiva, que se declara incompetente ante el Ministerio Público, para continuar con la investigación por tortura presentada por Felipe Huenchullan, otro preso mapuche detenido sin evidencias, son parte de una nueva realidad.

En esa querella por tortura, que es contra todos los policías que resulten responsables, el Sistema Judicial quiere ahora, al declararse incompetente, pasarlo a la Justicia Militar donde, esperan, como es rutina, darles la impunidad y cerrar los casos. Ya lo han hecho muchas veces, -recordemos los casos de niños torturados, los asesinatos de Matías Catrileo, Alex Lemus y Jaime Mendoza. Algunos de esos casos, han sido llevados a los sistemas y cortes internacionales de Justicia. La liberación por falta de pruebas de Elena Varela, Sergio Reyes y Kenny Sánchez el mes pasado prueban lo mismo: El Estado mantiene una persecución política sin relación alguna con una legalidad respetable.

El "famoso" caso del fiscal Elgueta, pieza central del Estado en que intentaban demostrar -y que los presidentes usaban en sus viajes al extranjero diciendo que “todos los mapuche eran delincuentes"- se les hace agua. No tienen evidencias para demostrarlos. Tuvieron la fuerza sin la razón de torturar y de hacer firmar "confesiones" totalmente falsas. Cuando los comuneros las rechazaban los acusaban a ellos mismos del "atentado" al fiscal y varias otras causas para conseguir el objetivo conocido: mantener a los dirigentes mapuche presos. En el caso del Fiscal hay una permanente relación con un tal José Santos Jorquera, un delator interesado de la “Justicia”: él ha sido beneficiado por las tierras usurpadas a los mapuche durante la dictadura… El Estado, para apoyar a estos individuos mantiene a los dirigentes y luchadores por las demandas legítimas, los mantiene detenidos con este tipo de montajes.

La demostración estatal "de la maldad y terrorismo del pueblo mapuche" es otro montaje, que el Estado debe explicar. No esconderse como ya hace el nuevo Presidente mientras aumenta las dotaciones de la PDI y carabineros para la zona de la Araucanía.

Esto indica también que la organización creciente del pueblo mapuche, en que se han atrevido a hacer querellas contra jueces y fiscales por sus actitudes profundamente anti-democráticas e ilegítimas, con acciones que violan los principios más básicos de la ley (incluso de la ley de marras dejada por la dictadura) está dando los resultados esperados.

El haber mantenido a estos presos políticos mapuche por dos o más años, de haber condenado a algunos "en ausencia" -aunque estaban presos y no los dejaban asistir a sus propios juicios-, lo que es una aberración judicial y una estafa social, debe ser considerado. El Estado deberá juzgar a quienes han hecho estos abusos de Justicia y hacerlos pagar a ellos - a los jueces y fiscales- por el daño hecho a estos detenidos. Reparación, en el caso de este tipo de abusos, debe ser parte del proceso debido. Eso va a poner un freno a ese sentido de omnipotencia que tienen algunos miembros de las fuerzas represivas y de la Justicia de marras que Chile aún mantiene. Quien viola su mandato o abusa del poder causando daño debe ser enjuiciado por el Estado porque es una estafa social.

Este es un tema para considerar también en las discusiones eventuales sobre una Nueva Constitución.

Es muy bueno que tanto el pueblo mapuche y los grupos que los apoyan (abogados, de DDHH’s, apoyo internacional y organismos internacionales, al igual que una nueva visión de los pueblos chilenos que identifican la falsedad en la que se ha basado su persecución y represión) han avanzado en un trabajo unitario por la Justicia para el pueblo Mapuche. Si el Estado pone abogados que los mismos presos mapuche puedan escoger, como debe de ser y no "sacados a la suerte” (o mala suerte) del preso, se podrá avanzar y terminar con las farsas de justicia clasista y racista que venimos viendo. Los llamados defensores o Ayuda Legal de países democráticos implica la elección y calidad de esa ayuda.

Por las razones anteriores siguen intactas las demandas centrales de: Liberar a los presos políticos mapuche: a todos. Terminar con el uso de la Ley Anti-Terrorista y de la Justicia Militar. Fin a la tortura y la violencia. Establecer un Debido Proceso judicial y no la vergüenza actual que existe es una tarea a llevar delante de modo inmediato. Y, la más importante: reconocer al pueblo mapuche, apoyar su desarrollo propio, su cultura, restituirle su espacio de vida y sus sueños y esperanzas.

Chile persiste en burlarse de los tratados firmados a nivel internacional y de las recomendaciones repetidas de organismos tales como: el CDH- Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; CCT - Comité Contra la Tortura; CEDR- Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial y el Convenio 169 de la OIT que exige la inclusión significativa de los pueblos indígenas en todas las instancias en que se discutan sus intereses. También del Tratado de Roma y hace caso omiso de las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las organizaciones de DDHH’s no cejarán en su esfuerzo de contribuir a democratizar este país. El nuevo gobierno tiene la obligación de establecer una política acorde con su declarado proyecto “de respetar los derechos humanos en este país… para todos”. No hacerlo es una grave falta a la democracia y a la verdad.

*Vocero, Comisión Ética Contra la Tortura - Secretariado Europeo.