PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE INCREPAN A "TESTIGO SIN ROSTRO" Y DEMANDAN JUICIO JUSTO

Por: Azkintuwe

Doce de los 17 mapuches imputados por el supuesto ataque al Fiscal Mario Elgueta increparon hoy a viva voz a un "testigo sin rostro" del Ministerio Público y alzaron la voz para pedir un juicio justo. Imputados abandonaron luego el tribunal ante la declaración del testigo encubierto, un ex policía que apuntó a Nolberto Parra como responsable de un ataque a su camioneta.

Doce prisioneros políticos mapuches increparon hoy a viva voz y tildaron de mentiroso a un "testigo sin rostro" del Ministerio Público, impidiendo que continuara una nueva audiencia en el Tribunal de Cañete, 350 kilómetros al norte de Temuco, donde son enjuiciados por presuntamente "emboscar" al fiscal Mario Elgueta, ello hace dos años al interior de la Comunidad de Choque, en el municipio costero de Tirúa

Cuando comenzaba el interrogatorio al primer "testigo sin rostro" -de 36 en el listado total del Ministerio Público- 12 de los 17 mapuches imputados se pusieron de pie y alzaron la voz para pedir un juicio justo. De esta forma manifestaron su rechazo al testimonio del testigo protegido número 13, un trabajador de Forestal Mininco y ex carabinero que apuntó al comunero Nolberto Parra Leiva como autor de un disparo a su camioneta, en un hecho ocurrido el 2 de agosto de 2008 al interior de un predio de la maderera.

"Da la cara", le respondió el imputado al testigo de la fiscalía, lo que fue seguido por manifestaciones de 11 de los 17 acusados. Los restantes 5 están imputados por delitos menores por lo que están en libertad y con la autorización de no participar en las audiencias. Acto seguido el grupo procedió a abandonar la sala del tribunal Cañetino rumbo a los calabozos, aunque antes Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco y para quien se están pidiendo 103 años de cárcel, le gritó al fiscal a cargo de de la investigación, Andrés Cruz, que "deje de mentir".

Cabe señalar que la utilización de testigos encubiertos ha sido rechazada por la defensa de los mapuches, que considera improcedente que se utilice a personas que no se sabe quiénes son, considerando que declaran en una sala contigua al tribunal y de espaldas a una cámara de televisión. Los procesados, que se reivindicaron como presos políticos ante los magistrados, calificaron de "mentiras" las pruebas aportadas por la fiscalía en el juicio oral y criticaron duramente la mantención de la Ley Antiterrorista, que faculta a la fiscalía a utilizar los polémicos testigos.

En la audiencia, los abogados defensores reclamaron que no pueden ejercer una adecuada labor, a lo cual el fiscal nacional, Sabas Chahuán, respondió: "Sin testigos protegidos, no condenamos a ningún terrorista". También declaró en la polémica jornada Gustavo Aranela, dueño de una empresa contratista de Mininco, quien ha testificado en cuatro juicios anteriores contra mapuches, repitiendo -a juicio de los mapuches- un libreto ya conocido. "Una vez declaró contra una persona que se demostró que (al momento de producirse los hechos) estaba en la cárcel, por lo tanto, la credibilidad de ese testigo ya la han evaluado los tribunales en varias ocasiones", comentó el defensor Pelayo Vial.

MALESTAR MAPUCHE

Lo acontecido en el Tribunal podría desembocar en la reanudación de la huelga de hambre, advierten fuentes cercanas a los comuneros. Ayer lunes, el propio presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati, advirtió que la huelga de hambre que llevaron a cabo los presos políticos y que se prolongó por dos meses, "podría reactivarse" en cárceles del País Mapuche.

"Se muy concretamente que es así, me lo han comunicado hace ya algunas semanas y he puesto en antecedentes de este tema a quien corresponde, tratando nuevamente de ser interlocutor del diálogo", señaló en una rueda de prensa el arzobispo de Concepción, quien ejerció como mediador entre el Gobierno chileno y los comuneros durante el ayuno.

Ezzati explicó que la principal razón para reanudar la huelga sería la mantención -por parte del Ministerio Público- de la formalización de cargos por delitos terroristas contra 17 de los 38 mapuches que protagonizaron el ayuno. Ezzati, que el viernes pasado fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal, sostuvo que "todos los poderes pueden buscar los caminos para encontrar una solución a este conflicto". "Esperemos que este tema, con el uso de la razón, pueda encontrar un camino de solución", agregó el arzobispo de Concepción.

FISCALÍA DE TEMUCO

En la capital del País Mapuche, el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que el Ministerio Público chileno trabaja para conseguir que dos ex miembros de las FARC lleguen a Chile para participar como "testigos" en igual número de juicios que se harán en contra de militantes mapuches en los próximos meses. Al igual que el juicio oral en curso en estos días en Cañete, en ellos el Ministerio Público invoca la Ley Antiterrorista de Pinochet.

"Nosotros vamos a usar todos los medios de pruebas que se ofrecieron en cada una de las acusaciones y dentro de ellas hay algunos testigos que se encuentran con reserva de identidad", entre los cuales se encuentran los dos colombianos que reconocen -según Ljubetic- a mapuches en formación junto a las FARC. Agregó que independiente de los trámites administrativos y a nivel de Cancillería, se debe velar por cautelar la seguridad de los testigos, ya que incluso en su propio país cuentan con medidas de protección especiales.

Ljubetic dijo que se pretende traer a "dos testigos que se encuentran acogidos a un sistema de protección estatal en Colombia y que son desmovilizados de las fuerzas revolucionarias FARC, prestaron declaración y pudieron, dentro de un número importante de fotografía que observaron al efecto, reconocer a algunos personas mapuches que estuvieron en los campamentos de las FARC de la selva colombiana, en la frontera con Ecuador". Huelga destacar que todo ello es negado por los comuneros.

Los testigos prestarían declaraciones en los atentados a la máquina de pasajeros de Tur Bus, en el bypass de Temuco, el 28 de julio de 2009; y el ataque incendiario al Fundo San Leandro, en la ciudad de Lautaro, ocurrido el 11 de enero del año pasado. El fiscal Ljubetic dijo que "esperamos que prontamente las audiencias se puedan realizar", en alusión a la prolongada huelga de hambre que protagonizaron presos políticos en cinco cárceles y a la cual se sumaron todos los imputados por Ley Antiterrorista recluidos en Temuco.